La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó a activar las sanciones impuestas a antiguos integrantes del Secretariado de las Farc por su responsabilidad en la política de secuestros y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano. Las medidas contemplan penas de entre cinco y ocho años, que deberán cumplirse mediante trabajos y actividades restaurativas, bajo condiciones de movilidad, residencia y supervisión.
Entre los principales sancionados se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y Pablo Catatumbo, quienes deberán cumplir ocho años de sanción. De acuerdo con la información conocida sobre la decisión, otros antiguos integrantes del Secretariado recibieron sanciones inferiores dentro del mismo proceso judicial. La JEP determinó que estas medidas hacen parte del modelo de justicia transicional previsto para quienes reconocieron responsabilidad y realizaron aportes a la verdad y a la reparación de las víctimas.
La decisión está relacionada con el Caso 01 de la JEP, que investiga la toma de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP. El proceso estableció responsabilidades de antiguos integrantes de la dirección de esa organización por la política de secuestros desarrollada durante décadas. La sentencia de primera instancia fue posteriormente revisada por la jurisdicción transicional y quedó en firme en 2026.
En lugar de una pena ordinaria de prisión, las sanciones propias de la JEP buscan que los responsables participen directamente en proyectos destinados a reparar a las comunidades afectadas por el conflicto. Entre las actividades contempladas se encuentran trabajos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas, acciones de desminado y otras labores de restauración en territorios afectados por la violencia.
El cumplimiento de estas sanciones no significa que los comparecientes tengan libertad sin condiciones. La JEP estableció controles sobre sus lugares de residencia, desplazamientos y actividades. Además, deberán cumplir horarios y cronogramas específicos para desarrollar los proyectos restaurativos, mientras las autoridades judiciales realizan seguimiento a sus obligaciones.
Según el cronograma divulgado, los antiguos integrantes del Secretariado deberán desplazarse a los territorios donde se desarrollarán los proyectos y cumplir allí las actividades asignadas. La JEP ha señalado que las labores restaurativas tendrán una organización por fases y estarán sujetas a supervisión, de manera que el cumplimiento de la sanción pueda ser verificado.
El caso constituye uno de los procesos más relevantes adelantados por la JEP contra antiguos dirigentes de las Farc, debido al número de víctimas y a la duración de la política de secuestros investigada. La jurisdicción transicional ha señalado que su objetivo no es únicamente establecer responsabilidades, sino también generar acciones concretas de reparación y restauración para quienes resultaron afectados.
La implementación de estas sanciones será seguida de cerca por las víctimas, organizaciones sociales y autoridades, especialmente por tratarse de una decisión que combina reconocimiento de responsabilidad, restricciones de movilidad y trabajos restaurativos en lugar de una condena carcelaria. El cumplimiento efectivo de las actividades será determinante para la ejecución de las medidas establecidas por la JEP.
