Por: Alina Constanza Silva
Nariño no es atractivo para los inversionistas debido a factores económicos, políticos, sociales y ambientales. Aunado a lo anterior, Nariño ha padecido de una corrupción endémica y, por lo mismo, no es atractivo para invertir en el largo plazo (¿Qué paso con el dinero de regalías, que hicieron con el?). Además, la infraestructura es obsoleta o inadecuada porque las carreteras, el puerto, los aeropuertos, redes de comunicación y servicios públicos no son confiables y dificultan las operaciones comerciales y aumentan los costos para las empresas. También, la constitución de una empresa es costosa por leyes y regulaciones complicadas, cambiantes o desfavorables para los negocios, además de los altos impuestos y la dificultad para obtener permisos y licencias.
La presencia de bandas criminales de toda índole asociada a la violencia o conflicto armado se constituye en un riesgo para invertir. Adicionalmente, la mano de obra calificada y de calidad es escasa y la poca que existe para poder tener una oportunidad de trabajo tiene que someterse a ser esclavo de un politiquero. En cuanto al tamaño del mercado es pequeño y con bajo poder adquisitivo que no es atractivo para empresas que buscan un amplio mercado con alta capacidad de consumo (en Pasto y en Nariño, no hay franquicias de alimentos, ropa, calzado, etc.,). La financiación de nuevas empresas se torna difícil en regiones periféricas donde los gerentes de las entidades bancarias no tienen poder de decisión, a veces ni para conceder un sobregiro menor a cinco millones de pesos. Tanto los problemas ambientales existentes causados por la contaminación del agua y la competencia desleal de protección de la propiedad intelectual reflejada en el contrabando disuaden a inversionistas en el campo de la tecnología y la ciencia. La inestabilidad social y las barreras culturales alejan a los inversionistas. La combinación de estos factores vuelve menos atractiva para que se localicen o relocalicen empresas.
Los servicios públicos son un factor estratégico en la decisión de localización de una empresa. A pesar de que la constitución manifiesta que todos los colombianos debemos gozar de servicios públicos esenciales para mantener la vida y su calidad; esto no es sino un himno a la bandera porque la realidad es la que observa en los datos suministrados por el Sistema Único de Información (SUI) para el 2021.
SERVICIO Cobertura a nivel municipal nacional Cobertura urbana nacional Cobertura rural nacional
ACUEDUCTO 71% 85% 37%
ALCANTARILLADO 63% 81% 16%
ASEO 64% 81% 20%
Fuente: Sistema Único de Información (SIU), 2021.
El Estado debe ser el promotor del bienestar general y del mejoramiento de la calidad de vida de la población; para ello, se requiere la oferta amplia, constante y a precios asequibles del servicio de agua, alcantarillado y aseo. Con la delegación de responsabilidad a los municipios de garantizar estos servicios, todavía en Nariño en los municipios de la costa pacifica (La Tola, por ejemplo) tiene una cobertura del 0% en alcantarillado.
Aunado a la insuficiente cobertura de los servicios esenciales está el costo de estos; es decir, son costosos para la población con bajos ingresos. Entonces, el alto costo y la deficiente cobertura generan mayor pobreza y desestimula la inversión. Existe una relación inversa entre inversión, cobertura y costos de los servicios públicos. A menor cobertura, menor calidad y mayor costo, menos inversión privada. La localización o relocalización de empresas se basa en los costos de transporte, en la calidad y cobertura de los servicios de energía, acueducto, alcantarillado, aseo, salud y educación.
En resumen, en aquellos municipios con una infraestructura obsoleta de los acueductos, alcantarillado y servicio eléctrico difícilmente se puede pensar en la localización de nuevas empresas. El servicio de energía afecta directamente los costos de operación de las empresas por sus tarifas altas y por las constantes interrupciones del fluido eléctrico. Parece no existir el criterio de equidad para la población porque desde la perspectiva de los comercializadores de los servicios estos lo ven como un negocio y no desde un beneficio social. En Pasto, por ejemplo, el servicio de energía es costoso y de mala calidad porque según ANDEG el precio de la energía se ha mantenido en $1.000 Kwh. Mientras el suministro de energía sea un negocio en manos de particulares, difícilmente se puede pensar en tener empresas localizadas en la periferia que, además, de la violencia sufren el constante bloque de sus vías. En el municipio de Pasto, el kilovatio es más costoso que en el departamento del Putumayo pasando las redes por Nariño. La privatización del servicio de aseo ha obligado a pagar a la población tarifas mas altas que las de agua o energía. Costosas y burocráticas organizaciones que tienen el servicio de alumbrado publico incrementa los costos de toda iniciativa.