Las dos últimas capturas realizadas en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el presunto entramado de corrupción en la Caja de Compensación Familiar de Nariño, Comfamiliar, abren nuevos interrogantes sobre la manera como habría operado la estructura que, según el ente investigador, habría direccionado contratos y utilizado mecanismos de contratación aparentemente diseñados para favorecer a determinados particulares.
Cómo lo informó DIARIO DEL SUR, las nuevas detenciones corresponden a Clarita Mercedes Chávez Quintero y Wiston Buriticá Villota, dos personas que, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, tendrían relación con empresas que habrían participado en procesos contractuales de la Caja. La Fiscalía, sin embargo, mantiene reserva sobre los detalles de estas actuaciones y todavía no se conocen públicamente los delitos concretos que les serán imputados ni cuál habría sido, individualmente, su participación en los hechos investigados.
Aspirante política
El caso de Clarita Mercedes Chávez Quintero llama especialmente la atención. La mujer aparece relacionada como representante legal de la empresa Constru Tech SAS y, además, figuró como candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá en la lista del Nuevo Liberalismo para las elecciones de 2026. Su nombre fue incluido en la lista presentada por esa colectividad para la capital del país. Según la información que ha trascendido, obtuvo alrededor de 1.300 votos. La inclusión de Chávez Quintero en esa lista está documentada en publicaciones sobre los candidatos del Nuevo Liberalismo a la Cámara por Bogotá.
Ahora la pregunta que surge es qué hacía una dirigente que había incursionado en la política electoral y que aparece como representante de una empresa privada dentro del escenario contractual que está bajo la lupa de la Fiscalía. La respuesta deberá surgir de las pruebas que recopilen los investigadores y de las decisiones que adopten los jueces.
Otra pieza del rompecabezas
Algo similar ocurre con Wiston Buriticá Villota, identificado como gerente de la Academia de Vigilancia Privada AVIPS Ltda., empresa vinculada al sector de la seguridad privada. Su captura introduce otro elemento en el rompecabezas que intenta armar la Fiscalía para establecer quiénes pudieron intervenir, desde el sector privado, en los procesos de contratación que hoy son objeto de investigación. Un registro de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada identifica a Buriticá Villota en relación con AVIPS Ltda.
La gran incógnita es si estas empresas llegaron a Comfamiliar como oferentes legítimos dentro de procesos transparentes o si, por el contrario, fueron utilizadas como parte de un esquema previamente concertado para acceder a recursos de la entidad.
La investigación ya ha establecido, según la Fiscalía, que entre octubre de 2025 y mayo de 2026 se habrían direccionado ocho contratos por más de 9.804 millones de pesos, financiados con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC. De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, se habrían diseñado invitaciones públicas a la medida de contratistas previamente concertados y se habrían fraccionado contratos para evitar una mayor pluralidad de oferentes. También se investigan presuntas comisiones sobre anticipos y cuentas de cobro con posibles sobrecostos.
Más interrogantes
Es precisamente en este punto donde aparecen las mayores preguntas alrededor de las dos nuevas capturas. Si la hipótesis de la Fiscalía apunta a licitaciones o procesos simulados, será fundamental establecer qué empresas participaron, quiénes las representaban, quiénes elaboraban las condiciones de las convocatorias, cómo se seleccionaban los contratistas y hacia dónde terminaron fluyendo los recursos.
Hasta ahora, las autoridades han mantenido prudencia frente a las conexiones particulares de cada detenido. Esa reserva es comprensible mientras avanza el proceso, pero también explica por qué en Nariño crece la expectativa por conocer el expediente completo y las evidencias que sustentan las órdenes de captura.
Un total de 11 detenidos
Con Chávez Quintero y Buriticá Villota, el número de capturados en este proceso llega a once, de acuerdo con la información conocida públicamente. Los nueve anteriores son Olga Alicia Vásquez Martínez, exsubdirectora de Servicios de Comfamiliar; Diana Marcela Salazar Quelal, contadora; Rosa Milena Lagos Medicis, contratista; Edgar Alonso Insandará Guerrero, exsecretario de Gobierno de Nariño; Diego Raúl Blanco Pérez, exdirector administrativo de Comfamiliar; y los contratistas Juan Pablo Apráez Castañeda, Liliana Goretti Osorio Villota, Miriam Andrea Martínez Ega y Jaime Alejandro Narváez Arévalo.
La Fiscalía había informado que la investigación permitió identificar una estructura en la que funcionarios, exfuncionarios y particulares habrían intervenido para direccionar la contratación. En una fase anterior, cuatro de los procesados fueron privados de la libertad, mientras que posteriormente se produjo la judicialización de cinco personas más, entre ellas Blanco Pérez. El proceso sigue avanzando y todavía falta determinar el alcance total de las responsabilidades individuales.
El escándalo, por lo tanto, está lejos de terminar. Las nuevas capturas no solo aumentan a once el número de personas bajo investigación, sino que amplían el interrogante sobre la participación de empresas externas en la presunta operación. La sociedad nariñense espera que la Fiscalía establezca con precisión si hubo una red organizada para apropiarse de recursos y, sobre todo, quiénes la conformaban, cómo funcionaba y cuánto dinero pudo haber sido afectado.
También será necesario establecer si existieron vínculos entre los distintos contratistas y empresas investigadas, si hubo coordinación previa para presentar ofertas, si algunos procesos fueron fragmentados deliberadamente y si los anticipos terminaron beneficiando a personas diferentes de aquellas que aparecían formalmente como contratistas.
