Alina Constanza Silva R
Columnista
Esta pregunta la realizaron los ganadores del premio nobel de economía el año pasado para explicar el fracaso de las naciones ¿Por qué fracasan las naciones? Sin embargo, es pertinente también para evidenciar las razones por las cuales los directores, gerentes, presidentes ejecutivos, o interventores fracasan aquellas entidades que dirigen y, también, sus juntas directivas. Entonces, la pregunta pertinente al tema debería ser ¿el fracaso del ejecutivo: cuando las juntas directivas y la sociedad también fracasan?
La dirección de organizaciones de carácter privado, público o sin ánimo de lucro atribuye al éxito o fracaso a las personas que son contratadas para su conducción. Cuando una empresa colapsa, se evidencian escándalos de corrupción y, por ende, la atención publica se concentra en quien ocupa la máxima posición ejecutiva. Sin embargo, el peor desempeño de un directivo rara vez es un fenómeno individual. Detrás de una gestión desastrosa suelen encontrarse juntas directivas complacientes, sistemas de control débiles y una sociedad que observa con indiferencia hasta que las consecuencias se vuelven inevitables. Entonces, surge otra pregunta ¿Cómo un mal ejecutivo destruye valor, así como las juntas y funcionarios encargados de supervisar permiten que ello ocurra?
El peor desempeño de un gerente, director, presidente ejecutivo o interventor se alcanza cuando deja de actuar como administrador de los intereses colectivos y convierte la organización en un instrumento de intereses particulares; es decir, cuando aparecen las siguientes características: concentración excesiva del poder, perdida de transparencia y uso ineficiente o indebido de los recursos. Lo anterior genera disminución de la productividad, deterioro financiero, perdida de confianza, conflictos internos y quiebra institucional.
A propósito, en Nariño y su capital Pasto se presentan numerosos ejemplos. El caso de Confamiliar, la Cámara de Comercio de Pasto, Sepal, Veolia, Colacteos, Nueva EPS, etc. En algunas de las mencionadas, la dirección ejecutiva obsesionada con las apariencias y el crecimiento artificial terminan ocultando la realidad administrativa y financiera de la organización incluyendo la manipulación contable para mantenerse durante años cuando los mecanismos de supervisión fallan. No obstante, no se puede culpar solo al ejecutivo, sino a los integrantes de sus correspondientes juntas directivas.
Las juntas directivas existen para evitar la concentración excesiva de poder; es decir, su función es supervisar, cuestionar y evaluar la gestión ejecutiva. Un fracaso de la junta directiva se evidencia en la complacencia de los directivos que evitan confrontar al ejecutivo por amistad, afinidad política o intereses económicos. Además, la falta de independencia que lleva a la junta de manera subordinada al ejecutivo que debería supervisar. Aunado a lo anterior, un débil control financiero: se aprueban contratos, proyectos y gastos sin análisis adecuado y con complacencia de auditores. A todo ello se suma la ausencia de rendición de cuentas. También, es frecuente que los resultados negativos se justifiquen continuamente sin señalar o exigir corrección. El problema no radica únicamente en la incompetencia. En muchos casos existe una cultura organizacional donde el cuestionamiento es visto como una amenaza y no como una responsabilidad. La gobernanza depende de mecanismos institucionales capaces de controlar el poder ejecutivo porque cuando esos mecanismos desaparecen, la organización entra en errores, abusos y corrupción.
Comfamiliar en Nariño es el ejemplo de un fracaso institucional porque se encuentra intervenida desde el 2022 por la Superintendencia del subsidio familiar. El deterioro y la postración de esta organización según diferentes voceros del sector obedece al abuso, a la dependencia politiquera y administrativa que ha comprometido su estabilidad financiera y operativa. La situación de esta entidad es tan grave que debería ser liquidada, pero no es una opción porque es la única existente en Nariño y no hay quien pueda prestar el servicio a los afiliados y beneficiarios.
Los gerentes, o directores o como se denominen en esta institución con complicidad de los que han integrado las juntas directivas han contribuido a la crisis. Inicialmente, se ufanaban de haber constituido su propia EPS, así lo exponían un directivo que después fue gobernador, o el señor Luis Carlos Coral. Junto a ellos el Arturo Ortega como director financiero de comfamiliar y ahora presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto. Estos personajes al pasar el tiempo tuvieron que revelar que todo había sido un fracaso y se comprometieron con la liquidación voluntaria de la EPS que tanto celebraban como un hito en la administración de esta clase de entidades. El resultado de la liquidación: millonarias obligaciones pendientes con la red de prestadores de salud que superan los $320 mil millones.
No satisfechos estos sujetos con haber metido a la institución, también, la endeudaron con un crédito de $12.800 millones con el banco de Occidente. Se adujo que estos recursos eran para financiar a su vez, a las denominadas “empresas techo Nariño y techos Colombia” para la construcción de vivienda en Puerres y Tumaco. El resultado, estas empresas mencionadas se liquidaron sin finalizar los proyectos. Sin producto y con una deuda que se acerca a $30 mil millones por no cumplir con el servicio de la deuda. Por allí también paso, el señor Bastidas que en un corto periodo propicio diversos escándalos con contratos; este mismo señor, es el propietario de una estación de combustible donde existe una bodega que fue arrendada a la Cámara de Comercio de Pasto para que funcione su sede en el sur oriente, sin medir el riesgo de que todo el archivo institucional desaparezca a consecuencia de un incendio. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio que ahora tiene un salario de $18 millones de pesos mensuales complació a la hermana del propietario de esa estación por ser miembro de su junta directiva. Abuso por doquier.
Regresando a comfamiliar, varios activos se encuentran embargados y lo que sostiene a dicha entidad son los aportes obligatorios que determina la ley por las empresas afiliadas a través de la planilla de liquidación de aportes (PILA). 12.400 empresas contribuyen a financiar este desastre de entidad. Otro abuso evidente es lo que consideran infraestructura deportiva y recreativa donde una auditoria forense afirma que existe diferencias entre lo ejecutado y lo invertido en dichas obras. Para colmo, la gestión de los interventores en vez de mejorar la caja de compensación la han empeorado. Tal como ocurre en las empresas que tienen régimen privado no se rigen por la Ley 80 sino que lo hacen en ficticias licitaciones privadas.
En el caso en comento, esta la indiferencia de la sociedad. En efecto, en periodos ya lejanos los integrantes de las juntas directivas eran personas honrados y preocupados por el bienestar común. Comfamiliar existe por Fenalco Nariño que tuvo personas de visión para establecer esta organización. Infortunadamente a diferencia del resto del país donde existen confenalco, en cada departamento acá se opto por hacer una organización independiente que más tarde caería en garras de los politiqueros. El deterioro de la institucionalidad se debe a la indiferencia de la sociedad que le da igual a quien nombren de miembro de la junta directiva de una entidad. Por eso, de las personas altruistas e interesadas en el bien común, pasamos como en el caso de los de la Cámara de Comercio, a abusar del presupuesto público para pasear en Japón, Estados Unidos, Brasil, España, Dubái, etc. Resultado de esos viajes ostentosos hechos con dinero público, ninguno. Los integrantes de las juntas son tolerantes a las prácticas administrativas abusivas, no les interesa el control, son indiferentes a la transparencia, normalizan el despilfarro y los privilegios se justifican.
Finalmente, para dar respuesta a la pregunta de este artículo, hay que decir que las organizaciones que fracasan se caracterizan por: aquellas que dependen de empleados abusadores, juntas pusilánimes que evitan el control, auditorías o revisores cooptados por el poder o las lisonjas otorgadas por los directivos, no tienen un sistema transparente de información, no hay mecanismos de denuncia y tampoco, hay cultura de rendición de cuentas. En suma, cuando las juntas directivas renuncian a su función de control y la sociedad se vuelve indiferente, el poder deja de tener límites efectivos, en consecuencia, la corrupción, el abuso y el despilfarro dejan de ser excepciones para convertirse en hechos cotidianos y concretos.
