Por: Alina Constanza Silva
Confamiliar en Nariño es el ejemplo de un fracaso institucional porque se encuentra intervenida desde el 2022 por la Superintendencia del subsidio familiar. El deterioro y la postración de esta organización según diferentes voceros del sector obedece al abuso, a la dependencia politiquera y administrativa que ha comprometido su estabilidad financiera y operativa. La situación de esta entidad es tan grave que debería ser liquidada, pero no es una opción porque es la única existente en Nariño y no hay quien pueda prestar el servicio a los afiliados y beneficiarios.
Los gerentes, o directores o como se denominen en esta institución con complicidad de los que han integrado las juntas directivas han contribuido a la crisis. Inicialmente, se ufanaban de haber constituido su propia EPS, así lo exponían un directivo que después fue gobernador, o el señor Luis Carlos Coral. Junto a ellos el Arturo Ortega como director financiero de confamiliar y ahora presidente ejecutivo de la Camara de Comercio de Pasto. Estos personajes al pasar el tiempo tuvieron que revelar que todo había sido un fracaso y se comprometieron con la liquidación voluntaria de la EPS que tanto celebraban como un hito en la administración de esta clase de entidades. El resultado de la liquidación: millonarias obligaciones pendientes con la red de prestadores de salud que superan los $320 mil millones.
No satisfechos estos sujetos con haber metido a la institución, también, la endeudaron con un crédito de $12.800 millones con el banco de occidente. Se adujo que estos recursos eran para financiar a su vez, a las denominadas “empresas techo Nariño y techos Colombia” para la construcción de vivienda en Pasto y Tumaco. El resultado, estas empresas mencionadas se liquidaron sin finalizar los proyectos. Sin producto y con una deuda que se acerca a $30 mil millones por no cumplir con el servicio de la deuda. Por allí también paso, el señor Bastidas que en un corto periodo propicio diversos escándalos con contratos; este mismo señor, es el propietario de una estación de combustible donde existe una bodega que fue arrendada a la Camara de Comercio de Pasto para que funcione su sede en el sur oriente, sin medir el riesgo de que todo el archivo institucional desaparezca a consecuencia de un incendio.
