Mientras departamentos como Santander, Boyacá y Cundinamarca vivieron días de bloqueos, protestas campesinas y pérdidas económicas millonarias por el aumento del impuesto predial, Antioquia se convirtió en una excepción dentro del panorama nacional. La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué Antioquia no protestó por alzas del predial, mientras otras regiones estaban paralizadas?
El detonante de las manifestaciones en gran parte del país fue la actualización catastral impulsada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), especialmente a través de la Resolución 2057 de 2025. Esta medida buscaba corregir el rezago histórico en los avalúos de predios rurales, pero terminó generando incrementos abruptos —en algunos casos de hasta el 300% o incluso más— en el impuesto predial.
Como resultado, miles de campesinos, propietarios rurales y organizaciones sociales salieron a las vías a protestar, bloqueando corredores estratégicos y exigiendo la revisión de los cobros. Las movilizaciones se concentraron principalmente en Santander, donde el paro llegó a incomunicar regiones enteras durante varios días.
Sin embargo, Antioquia no hizo parte de ese mapa de crisis. La explicación principal está en el modelo catastral que el departamento venía implementando desde años anteriores. A diferencia de otras regiones, Antioquia realizó actualizaciones progresivas y graduales en los avalúos, lo que evitó incrementos súbitos en el valor de los predios y, por ende, en el impuesto predial.
De hecho, ninguno de los 527 municipios impactados directamente por la Resolución 2057 pertenecía a Antioquia, lo que redujo significativamente el impacto de la medida en este territorio.
Este enfoque contrasta con lo ocurrido en otros departamentos, donde la actualización se aplicó de forma más brusca, generando inconformidad social. En esas zonas, los ciudadanos denunciaron que los nuevos cobros superaban su capacidad económica, especialmente en sectores rurales con baja rentabilidad productiva.
Además del factor técnico, también influyó la gestión institucional. En Antioquia, las autoridades locales habían avanzado en procesos de planificación catastral y fiscal, lo que permitió una transición más controlada. Mientras tanto, en otras regiones, alcaldes y gobernadores enfrentaron críticas por la implementación tardía o poco clara de las medidas, lo que exacerbó el descontento ciudadano.
El Gobierno nacional, liderado por Gustavo Petro, defendió la actualización catastral como una herramienta para hacer más equitativo el sistema tributario, argumentando que busca que los grandes propietarios paguen más. Sin embargo, también reconoció la necesidad de ajustes y presionó a las autoridades locales para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables.
En resumen, la ausencia de protestas masivas en Antioquia no fue casualidad. Se trató de una combinación de planificación previa, aplicación gradual de políticas catastrales y una menor afectación directa por las decisiones nacionales. Mientras otras regiones reaccionaron ante aumentos abruptos, Antioquia ya había recorrido ese camino con anticipación.
