La Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional y ordenó al Gobierno garantizar la seguridad de los excombatientes de las extintas Farc.
Asimismo, la decisión se produjo al fallar en varias tutelas que estaban en verificación en el alto tribunal interpuestas por excombatientes, donde argumentaron que sus vidas corren peligro y las medidas del Gobierno no han sido suficientes.
En ese sentido, la decisión obliga al Gobierno a adoptar medidas urgentes para garantizar su seguridad en Nariño y Guaviare.
De igual forma, la determinación de la Corte establece la creación de una sala especial de seguimiento, la cual verificará las ordenes del Gobierno, para la seguridad de los excombatientes, además, tendrán que verificar junto con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría un seguimiento a las instrucciones de la Corte.
Finalmente, las tutelas estudiadas por la Corte fueron encabezadas por Nubia Amparo Ortega, y otros excombatientes que habitan en Tumaco, Cumbal y Guaviare.