Mientras escribo estas líneas, el eco de una explosión en un pequeño municipio en algún rincón de Colombia, el secuestro de militares o de un humilde campesino en una vereda olvidada, o el miedo de una madre que no deja salir a su hijo por temor a un carro bomba, resuena en el silencio cómplice de quienes miran hacia otro lado. Colombia no está en paz. No mientras las amenazas, los atentados y el terror sigan marcando el ritmo de la vida en regiones como Nariño, Valle, Caquetá, El Catatumbo, Guaviare o el sur del Cauca.
El pasado lunes 25 de agosto, en Tumaco, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes realizó una Audiencia Pública para debatir el Proyecto de Ley 002 de 2025, una iniciativa que busca crear un tratamiento penal diferenciado con el fin de desmantelar organizaciones criminales y sentar las bases de una paz verdadera. Suena bien. Muy bien. Pero detrás de esos tecnicismos legales late una urgencia que no puede ser aplazada: la seguridad del pueblo colombiano.
¿Qué significa “tratamiento diferenciado” cuando un niño de 12 años es reclutado por un grupo armado? ¿Qué significa “consolidación de la paz” cuando un alcalde es amenazado de muerte por simplemente cumplir con su deber? Las palabras suenan a esperanza, pero si no van acompañadas de acciones concretas, se convierten en espejismos en medio del desierto de la indiferencia.
Colombia ha sido víctima de una desestabilización estructural en materia de seguridad. Grupos armados ilegales, disidencias de las FARC, el ELN y estructuras del narcotráfico han llenado el vacío que dejó el conflicto armado, pero no con paz, sino con más violencia, más miedo y más impunidad. Y mientras tanto, los sectores económicos —el campesinado, la pesca artesanal, el comercio local— colapsan bajo el peso del terror. ¿Cómo invertir en una finca si mañana puede ser incendiada? ¿Cómo abrir un negocio si la extorsión acecha en cada esquina?
El proyecto de ley que se discutió en Tumaco no puede ser más de lo mismo: un debate de fachada, una promesa electoral, un documento archivado. Debe convertirse en una hoja de ruta clara, con mecanismos de seguimiento, participación ciudadana real y, sobre todo, enfoque territorial. Porque la paz no se construye desde Bogotá con discursos perfectos, sino desde los territorios con soluciones concretas.
Se requiere una estrategia integral: justicia, pero también oportunidades. Desmovilización, pero también reinserción. Presencia del Estado, pero con rostro humano. No basta con enviar militares; se necesita educación, salud, empleo, dignidad. Sin eso, cualquier intento de paz será frágil, como un castillo de naipes frente al viento del crimen organizado.
La ciudadanía no puede seguir siendo espectadora de su propio sufrimiento. Debemos exigir, sí, pero también participar y que quienes toman las decisiones por todos lo hagan con la necesidad real de beneficiar todos los sectores sociales, económicos porque Colombia no puede seguir pagando con vidas el precio de la inacción.
Por: Javier Recalde Martínez.