En el tradicional barrio El Pilar, la armonía cotidiana se ha visto alterada por una serie de conflictos que afectan directamente a los comerciantes locales. Mayerli Díaz, una comerciante reconocida por su labor y cercanía con la comunidad, denunció públicamente episodios de tensión con un grupo de migrantes que, según relata, han mostrado actitudes insistentes al solicitar dinero o ayudas en su local comercial.
Díaz asegura que, en algunos casos, la negativa a colaborar ha desencadenado comportamientos inadecuados, como daños menores en la fachada del negocio y comportamientos irrespetuosos en el entorno. “No se trata de rechazar a nadie, pero sí de que haya respeto mutuo. Nos sentimos solos y sin respaldo”, expresó con preocupación.
Otros comerciantes del sector han manifestado sentirse en una situación similar: atrapados entre la necesidad de mostrar empatía hacia quienes llegan buscando una oportunidad y la obligación de proteger sus negocios y espacios de trabajo. Los daños materiales —aunque en ocasiones menores— suman costos y afectan la percepción de seguridad entre los residentes.
El ambiente, antes tranquilo, ahora se percibe con cierta tensión, generando un llamado generalizado a que las autoridades tomen medidas. “Necesitamos una solución que no enfrente a la comunidad, sino que nos una. Nadie debe sentirse excluido, pero tampoco vulnerado”, comentó otro comerciante del sector. La situación pone en evidencia una carencia estructural: la ausencia de programas sólidos de integración, acompañamiento social y presencia institucional en zonas donde la llegada de población migrante se ha intensificado. Especialistas en convivencia urbana coinciden en que la clave no está en la confrontación, sino en el diseño de estrategias que involucren a todos los actores: autoridades, líderes comunitarios, comerciantes y población migrante.