El nuevo gobierno peruano inicia una etapa marcada por la seguridad y la recuperación económica
Perú inició una nueva etapa política con la toma de posesión de su nuevo gobierno, un cambio institucional que busca poner fin a varios años de inestabilidad política y enfrentar dos de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la creciente inseguridad y la desaceleración económica.
La nueva presidenta, Keiko Fujimori, asumió oficialmente el cargo el 28 de julio de 2026 durante una ceremonia realizada en el Congreso de la República, en presencia de autoridades nacionales, delegaciones internacionales y jefes de Estado invitados. Su llegada al poder representa el retorno del fujimorismo al Ejecutivo después de casi tres décadas y abre un nuevo capítulo en la política peruana.
Desde su primer discurso presidencial, la mandataria presentó los principales ejes de su administración, centrados en fortalecer la seguridad ciudadana, impulsar la inversión privada, acelerar la ejecución de infraestructura y recuperar el crecimiento económico del país.
Un país marcado por la inestabilidad política
El cambio de mando ocurre después de una década especialmente compleja para Perú, caracterizada por constantes cambios presidenciales, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, procesos de destitución y una fuerte pérdida de confianza ciudadana en las instituciones.
Esta inestabilidad tuvo efectos sobre la economía, retrasó proyectos de inversión y dificultó la implementación de políticas públicas de largo plazo. Paralelamente, el país experimentó un incremento de delitos como la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, especialmente en Lima y otras grandes ciudades.
El nuevo gobierno sostiene que su prioridad será recuperar la estabilidad institucional y generar condiciones para atraer nuevamente inversión nacional y extranjera.
Seguridad ciudadana como principal prioridad
Uno de los anuncios más importantes realizados durante la investidura fue el fortalecimiento de la estrategia nacional contra la criminalidad.
Entre las medidas anunciadas destacan:
- Mayor participación de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia.
- Refuerzo de la Policía Nacional.
- Acciones específicas contra las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.
- Incremento de operativos de inteligencia.
- Mayor coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad.
La administración considera que el deterioro de la seguridad pública representa uno de los mayores obstáculos para el crecimiento económico y la inversión privada. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y diversos analistas han manifestado preocupación por una mayor participación militar en tareas de seguridad interna, advirtiendo que dichas medidas deberán mantenerse dentro del marco constitucional y con supervisión institucional.
Reactivación económica como segundo eje del gobierno
Además del componente de seguridad, el nuevo Ejecutivo anunció un paquete de iniciativas destinadas a estimular la economía.
Entre las principales líneas de acción se encuentran:
- Promoción de nuevas inversiones nacionales e internacionales.
- Impulso a proyectos de infraestructura vial y logística.
- Desarrollo de corredores económicos regionales.
- Fortalecimiento de programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad.
- Incremento del salario mínimo, una medida que ha generado debate entre empresarios y economistas.
El gobierno sostiene que estas acciones buscan dinamizar el empleo formal y recuperar el ritmo de crecimiento del país. No obstante, diversos especialistas han advertido que algunas propuestas requerirán definir claramente sus fuentes de financiación para garantizar su sostenibilidad fiscal.
Expectativa de la comunidad internacional
La ceremonia de investidura contó con la presencia de representantes de diversos países de América Latina, Europa y otras regiones, reflejando el interés internacional por la evolución política peruana.
Durante el acto oficial participaron delegaciones de España, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Panamá, Bolivia, Uruguay y Honduras, entre otros países. La presencia internacional fue interpretada como una muestra de respaldo institucional al proceso democrático peruano.
Los principales desafíos del nuevo gobierno
Los analistas coinciden en que el Ejecutivo enfrentará importantes retos durante los próximos años.
Entre ellos destacan:
- Reducir la criminalidad organizada.
- Recuperar la confianza en las instituciones.
- Reactivar la inversión privada.
- Controlar el déficit fiscal.
- Ejecutar grandes proyectos de infraestructura.
- Mantener la estabilidad política en un escenario parlamentario complejo.
El éxito de estas políticas dependerá de la capacidad del gobierno para construir consensos políticos y ejecutar las reformas anunciadas sin profundizar la polarización existente.
Una nueva etapa para Perú
La llegada del nuevo gobierno representa un momento decisivo para Perú. Tras varios años de crisis institucional y elevada incertidumbre política, la administración inicia su mandato con el compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y recuperar el dinamismo económico.
Aunque las primeras medidas han sido recibidas con expectativa por algunos sectores y con cautela por otros, el desempeño del Ejecutivo durante sus primeros meses será determinante para medir la viabilidad de su agenda de gobierno y la capacidad del país para consolidar una nueva etapa de estabilidad política y crecimiento económico.
