La nueva Resolución 01319 de 2026, expedida por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional de Colombia, establece un cambio importante en las reglas sobre el uso de armas de fuego por parte de los uniformados. Esta norma fue creada en cumplimiento del Decreto 1231 de 2024 y tiene como objetivo principal limitar el uso letal de la fuerza, priorizando la protección de la vida y el respeto por los derechos humanos.
Por primera vez, la Policía cuenta con un manual específico que regula de manera detallada cuándo y cómo pueden utilizarse armas de fuego. El documento señala que disparar es una medida extrema y que solo puede emplearse cuando otros mecanismos resulten insuficientes o ineficaces. Además, aclara que únicamente podrá hacerse para proteger vidas humanas y nunca para defender bienes materiales.
La resolución define tres situaciones concretas en las que un policía podrá usar un arma de fuego:
- Cuando exista una amenaza inminente de muerte o lesiones graves contra el uniformado o contra otras personas.
- Para impedir un delito grave que represente un peligro serio para la vida.
- Para detener o evitar la fuga de una persona que represente una amenaza real y grave contra la vida de otros.
Uno de los puntos más relevantes es que queda prohibido usar armas de fuego para proteger objetos, propiedades o bienes materiales. Esto significa que un uniformado no podrá disparar simplemente para evitar un robo o defender infraestructura si no existe un riesgo directo contra la vida.
La resolución también introduce límites estrictos en el contexto de las protestas sociales. Se prohíbe el uso de armas de fuego con munición letal durante manifestaciones y movilizaciones ciudadanas, salvo en casos excepcionales de legítima defensa cuando exista una amenaza inmediata de muerte o lesiones graves. Con esto, el Gobierno busca evitar hechos de violencia y abusos ocurridos en protestas pasadas.
Otro aspecto importante es que el policía deberá identificarse previamente como autoridad y advertir sobre su intención de usar el arma, siempre y cuando hacerlo no aumente el riesgo para las personas involucradas.
Además, la norma deja claro que ningún uniformado podrá justificar un uso ilegal del arma alegando obediencia a órdenes superiores. Si una orden es manifiestamente ilícita, el policía tiene la obligación de negarse a cumplirla. Tanto quien ejecuta el acto ilegal como el superior que dio la orden podrán ser responsabilizados judicialmente.
La resolución también establece obligaciones posteriores al uso del arma. Después de un incidente, los uniformados deberán:
- Prestar ayuda médica inmediata a las personas heridas.
- Informar rápidamente a familiares o allegados de los afectados.
- Asegurar la escena para preservar pruebas.
- Presentar informes verbales y escritos detallando lo sucedido.
Según el Ministerio de Defensa y la Policía, esta regulación hace parte de una serie de reformas orientadas a modernizar la doctrina policial y fortalecer la legitimidad institucional mediante una actuación más garantista y respetuosa de los derechos humanos.
La medida busca evitar que se repitan casos de abuso policial ocurridos en Colombia durante los últimos años. Uno de los ejemplos mencionados es el asesinato de Diego Felipe Becerra, un joven grafitero de 16 años que fue asesinado en Bogotá en 2011 por un patrullero que le disparó por la espalda tras perseguirlo. La Corte Suprema confirmó posteriormente la condena del uniformado, considerando que el uso del arma fue injustificado y desproporcionado.
También se recuerdan los hechos ocurridos en septiembre de 2020, después de la muerte de Javier Ordóñez, cuando se registraron protestas en Bogotá y distintas organizaciones denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Según investigaciones de organizaciones civiles, varias de las muertes ocurridas durante esas jornadas habrían sido consecuencia del uso ilícito de armas de fuego por parte de agentes policiales.
De igual forma, el texto menciona las denuncias registradas durante el paro nacional iniciado en abril de 2022, donde organismos defensores de derechos humanos reportaron repetidos casos de violencia policial y uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes.
En conclusión, la Resolución 01319 de 2026 representa un cambio profundo en las normas internas de la Policía colombiana. La nueva reglamentación pone la protección de la vida como prioridad absoluta, limita severamente el uso de armas de fuego y busca prevenir abusos policiales mediante reglas más claras, controles más estrictos y mayores responsabilidades para los uniformados y sus superiores.
