El Tribunal Superior de Bogotá ha declarado legales las interceptaciones telefónicas que involucran al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al abogado Diego Cadena, permitiendo su uso como prueba en el juicio por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Esta decisión marca un punto crítico en el proceso judicial, en el que se han debatido intensamente la validez y el impacto de las pruebas presentadas.
Las interceptaciones, inicialmente incorporadas por la Fiscalía en noviembre de 2024, se realizaron por error al interceptar las conversaciones de Uribe mientras se investigaba al excongresista Nilton Córdoba. La defensa del expresidente había solicitado excluirlas, argumentando que fueron obtenidas irregularmente, pero el Tribunal rechazó la apelación y ratificó su legalidad.
Durante la audiencia del 4 de febrero, el magistrado Manuel Antonio Merchán subrayó que las decisiones previas de la Corte Suprema, que avalaron estas pruebas, no podían ser revisadas. Merchán afirmó que, aunque el debido proceso debe respetarse, las pruebas podrán ser confrontadas durante el juicio.
El proceso contra Uribe, acusado de manipular testimonios para perjudicar al senador Iván Cepeda, ha polarizado la opinión pública en Colombia. Mientras la Fiscalía defiende la solidez de las pruebas, la defensa insiste en la inocencia del exmandatario y cuestiona la imparcialidad del proceso.