Esta semana se reactivó una fuerte controversia política en Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la designación de interventores en varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Estado. El pronunciamiento ha generado señalamientos cruzados entre altos funcionarios del actual gobierno y reacciones en distintos sectores.
Qué dijo el presidente Petro
En una conferencia realizada el 27 de enero de 2026, el presidente Petro afirmó que algunos de los interventores designados por la Superintendencia Nacional de Salud fueron colocados con fines indebidos y que no fueron sus órdenes directas. Según el mandatario, que se dirigió al entonces superintendente Luis Carlos Leal, estos nombres surgieron a partir de hojas de vida que no tuvieron su aprobación y que, según él, fueron utilizadas para “hacer negocios” dentro del sistema de salud.
El jefe de Estado incluso aseguró que este episodio fue un “engaño” que retrasó la reforma al sistema de salud durante un año, al involucrar a personas que supuestamente no cumplían con los criterios técnicos y éticos esperados.
Respuesta de Laura Sarabia
Ante las acusaciones, Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido y exjefa de gabinete del presidente, negó cualquier injerencia en la designación de estos interventores. Sarabia afirmó que su gestión dentro del gobierno fue “completamente trazable y documentada”, y que existen registros de conversaciones que respaldan su versión de los hechos.
Además, por medio de su defensa legal, Sarabia solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se practiquen diligencias, incluyendo el análisis de videos de vigilancia y otras pruebas, para aclarar las declaraciones públicas y determinar responsabilidades.
Reacciones y procesos judiciales
La controversia no se limita a los desacuerdos públicos. En los últimos días se ha reportado que se presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Sarabia por presuntas irregularidades en la gestión de los nombramientos de interventores.
Este caso revive discusiones más amplias sobre la transparencia en la administración del sistema de salud colombiano, especialmente en aquellas EPS que están bajo intervención estatal debido a problemas financieros o de gestión.
