Oficiales retirados de la Policía Nacional de Colombia han denunciado presuntas irregularidades en los procesos que llevaron a su salida, asegurando que pruebas de polígrafo fueron manipuladas para justificar una purga masiva de uniformados.
La salida de 71 oficiales en la mira
El proceso, que resultó en el retiro de 71 oficiales, se realizó bajo la dirección del general Carlos Triana, quien asumió como director de la Policía solo tres días antes de la decisión. Las pruebas fueron lideradas por la coronel Yuli Ruiz, jefa de contrainteligencia, quien es señalada de haber direccionado los resultados.
Los afectados aseguran que su salida fue injustificada y que, sin pruebas concretas, fueron vinculados indirectamente al escándalo de corrupción de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, el llamado zar del contrabando.
Pruebas de polígrafo bajo sospecha
Uno de los puntos más controvertidos es el uso de pruebas de polígrafo como argumento para los despidos. Según los oficiales retirados:
- Las pruebas fueron manipuladas para arrojar resultados “no concluyentes” y justificar los retiros.
- Algunos exámenes duraron hasta cinco horas, cuando el tiempo estándar es de una o dos horas.
- Hubo presión psicológica para que los oficiales admitieran hechos que no cometieron.
Una coronel retirada denunció que fue removida tras liderar investigaciones contra la corrupción: “Pisé callos de los poderosos y usaron el polígrafo para sacarme”, declaró a Semana.
Un despido express en menos de un minuto por caso
Otra de las preocupaciones es la rapidez con la que se ejecutaron los retiros. Documentos obtenidos por Semana
Además, la lista de despidos no habría sido elaborada por la oficina de talento humano, sino presentada directamente por la coronel Yuli Ruiz, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso.
Impacto en la operatividad y solicitud de revisión del caso
Entre los oficiales retirados hay expertos en lucha contra el terrorismo, narcotráfico y corrupción, lo que, según los denunciantes, afecta la capacidad operativa de la Policía.
Los afectados han pedido al presidente Gustavo Petro que revise sus casos y abra una investigación sobre las presuntas extralimitaciones de la contrainteligencia.
Mientras tanto, la Policía Nacional ha defendido su decisión, afirmando que responde a dinámicas institucionales, aunque las denuncias han generado serios cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.