Bogotá, 2 de enero de 2026 — El senador colombiano Antonio Luis Zabaraín Guevara, del partido Cambio Radical, desató una fuerte controversia política al afirmar que “un congresista que se gana $32 millones no es bien remunerado” durante una entrevista en la emisora W Radio, en el marco del debate sobre la eliminación de una millonaria prima de servicios que reciben los legisladores.
La polémica surge cuando el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, presentó un borrador de decreto para eliminar la llamada prima especial de servicios, un pago adicional que reciben los senadores y representantes y que en 2025 ascendía a cerca de $16,9 millones mensuales. Esta prima se ha convertido en uno de los puntos más criticados por sectores sociales y políticos que consideran que la remuneración del Congreso es desproporcionada frente al salario promedio del ciudadano colombiano.
La posición del senador Zabaraín
Zabaraín, quien ocupa una curul en el Senado desde 2018 y representa al departamento de Magdalena, defendió en la entrevista el esquema actual de remuneraciones y cuestionó la eliminación del beneficio sin un debate profundo en el Congreso. Según él, la medida es “populista” y “electorera”, además de advertir que vulnera derechos adquiridos de los legisladores y podría ser anulada por los tribunales.
El senador sostuvo que si bien los congresistas ganan un ingreso bruto total cercano a los $52 millones mensuales, al eliminar la prima quedarían aproximadamente en $32 millones netos, cifra que, a su juicio, no constituye una remuneración excesiva dadas las responsabilidades del cargo y en comparación con otros altos funcionarios del Estado como presidentes de empresas públicas o directivos de entidades financieras.
Críticas y reacciones
Las declaraciones de Zabaraín generaron una reacción rápida en diferentes sectores políticos y sociales. Figuras como Camilo Romero, exgobernador de Nariño y exembajador en Argentina, calificaron la frase de “descarada” por la percepción de privilegios mientras millones de colombianos viven con ingresos mucho menores.
Desde las filas progresistas y de justicia social, otros congresistas como Angélica Lozano, de la Alianza Verde, defendieron la eliminación de la prima como una medida de equidad: “no podemos ganar en la estratósfera mientras la gente vive con muy poco”, enfatizó en la misma emisora.
Paralelamente, representantes de partidos como el Pacto Histórico han pedido que el debate sobre salarios públicos se extienda a otros altos cargos estatales, argumentando que el problema de fondo es la desigualdad en los esquemas salariales y los altos costos de campañas políticas.
Contexto del debate sobre salarios y equidad
La discusión se ubica en un momento en que el Gobierno ha impulsado políticas orientadas a la redistribución del gasto público y la austeridad, incluido un reciente aumento del salario mínimo para 2026 que ha generado a su vez debates sobre sus efectos en inflación y empleo. Zabaraín también se pronunció en contra del alza del salario mínimo, advirtiendo posibles impactos económicos adversos.
Expertos en derecho laboral y constitucional han señalado que la denominada prima especial de servicios fue establecida mediante decretos ejecutivos y, por ende, podría ser modificada o eliminada sin necesidad de reforma legislativa, aunque esto no está exento de controversias jurídicas.
Lo que está en juego
El caso no solo pone sobre la mesa la remuneración de los congresistas colombianos, sino que plantea preguntas más amplias sobre la legitimidad y percepción pública de los beneficios asociados a altos cargos públicos, en un país con profundas brechas socioeconómicas y donde millones de trabajadores perciben salarios muy por debajo de los estándares legislativos.