Mientras continúa la polémica por la intervención de árboles en la avenida
Catama, una nueva denuncia ciudadana volvió a encender las alarmas en
Villavicencio. El veedor ciudadano Carlos Acero aseguró que presenció
actividades de tala en inmediaciones de Homecenter, pese a que, según indicó,
existe una orden judicial que suspendió cualquier aprovechamiento forestal en ese
sector.
De acuerdo con el denunciante, la situación se tornó aún más delicada cuando
intentó registrar con fotografías lo que ocurría. En ese momento, afirmó que fue
abordado por un funcionario de la administración municipal, quien, presuntamente,
lo increpó con expresiones que calificó como intimidantes. Entre las frases
mencionadas están: “¿Ya va a empezar?” y “Cuando quiera nos damos”, palabras
que, según Acero, representan una amenaza contra el ejercicio de la veeduría
ciudadana y el derecho a documentar hechos de interés público.
Denuncia
El veedor sostuvo que la preocupación no se limita únicamente a la tala observada
durante la jornada. Recordó que el Juzgado Quinto Penal Municipal habría
ordenado la suspensión de las actividades de aprovechamiento forestal en la
avenida Catama, decisión que, a su juicio, evidencia que existían presuntas
irregularidades alrededor de estos procedimientos.
Además, señaló que un día antes recibió información sobre un supuesto desalojo
de vendedores informales en el mismo sector. Al regresar para verificar esa
situación, asegura que encontró maquinaria y personal adelantando labores de
tala, lo que motivó su intención de documentar lo ocurrido.
Acero manifestó que este episodio se suma a las denuncias que ha realizado en
torno a la intervención de árboles en diferentes puntos de la ciudad. Entre ellas
menciona presuntas inconsistencias en inventarios forestales, clasificación de
especies, talas realizadas por fuera de los permisos otorgados y dificultades para
acceder a información pública relacionada con estos procesos.
Exigencia
Tras lo sucedido, el veedor hizo un llamado para que las autoridades garanticen el
derecho a la información, el ejercicio de la protesta pacífica y la labor de quienes
realizan control ciudadano sobre las actuaciones de las entidades públicas.
