Imagen tomada de El Colombiano.
La reciente decisión de la representante Gloria Arizabaleta, en su calidad de investigadora dentro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, de dictar una medida cautelar de suspensión contra el presidente Gustavo Petro, ha desatado una tormenta política y jurídica en Colombia a pocos días de la segunda vuelta presidencial. La medida, sustentada citando el artículo 217 de la ley 1952 de 2019 e identificada con el radicado 7525, que pretende separar al mandatario de su cargo hasta el 21 de junio, ha sido recibida con escepticismo y rechazo por diversos sectores legales.
La pregunta fundamental es si una integrante de dicha Comisión posee la facultad constitucional para apartar de su cargo a un jefe de Estado. La respuesta, según juristas y congresistas de distintas orillas, parece ser un rotundo no. Bajo el ordenamiento jurídico colombiano, el fuero presidencial es robusto y está diseñado para evitar la inestabilidad institucional.
¿Qué dice la Constitución?
La Constitución Política, en sus artículos 174 y 175, establece un procedimiento claro para juzgar al Presidente de la República. La Comisión de Acusaciones tiene la competencia exclusiva de investigar y formular proyectos de acusación, pero el juicio político —único escenario donde podría discutirse una sanción o suspensión— es potestad exclusiva del Senado de la República, y solo después de que la plenaria de la Cámara de Representantes haya aprobado la acusación.
Por tanto, la actuación de la congresista Arizabaleta, fundamentada en normas disciplinarias ordinarias, choca con el carácter excepcional del fuero presidencial. Expertos coinciden en que una representante, actuando de forma individual, no tiene la investidura ni la competencia para usurpar las funciones que la Carta Magna reserva al Congreso en pleno. La medida ha sido calificada por el propio Gobierno y varios juristas como una extralimitación de funciones, subrayando que no existe norma que permita a un legislador suspender, por la vía administrativa, a quien ostenta la jefatura del Estado.
En este clima de incertidumbre, el país observa cómo las instituciones se ven sometidas a una tensión sin precedentes, donde la interpretación legal y la lucha por el poder electoral amenazan con fracturar la estabilidad democrática en la recta final de la contienda electoral.
