La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 022 de 2026 para el municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca, ante el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) por la ruptura de la coexistencia armada entre el Frente Manuel Vásquez Castaño (del Ejército de Liberación Nacional, ELN) y el autodenominado La Mafia (grupo de delincuencia organizada).
La ATI cobija la cabecera municipal de Mercaderes, especialmente los sectores La Y, El Porvenir y Las 100 Casas, así como los corregimientos Arboleda y San Joaquín.
Desde julio pasado, la tensión pasó de una coexistencia orientada al control de economías ilegales a una disputa abierta por el territorio, rentas y corredores de movilidad. Mercaderes es un punto estratégico que conecta el río Patía, el norte de Nariño y el Macizo Colombiano, con rutas usadas para tránsito logístico y de grupos ilegales.
El riesgo podría agravarse si La Mafia concreta alianzas con facciones del autodenominado y disidente EMC o con la autodenominada y disidente CNEB.
La Defensoría advierte un deterioro acelerado de la seguridad por hostilidades con nuevos medios de guerra.
La incursión de ese frente del ELN en la vereda Canta Llano hace dos meses, donde habría utilizado drones modificados con explosivos contra una vivienda que estaría vinculada a La Mafia, desencadenó una respuesta armada con impactos en zonas habitadas, daños a viviendas, civiles heridos y desplazamiento forzado de firmantes de paz y sus familias.
La población civil enfrenta señalamientos, intimidaciones y estigmatización por presuntas colaboraciones con los grupos en confrontación. La circulación de panfletos, las amenazas y los hechos de violencia han incrementado el riesgo de agresiones selectivas, desplazamientos y despojo de bienes.
Las afectaciones son diferenciales y recaen especialmente sobre comunidades afrodescendientes, campesinas, liderazgos sociales, niñez, adolescencia, mujeres, docentes, funcionarias(os) locales y víctimas.
Se han reportado restricciones a la movilidad, confinamiento, parálisis productiva, riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, violencias basadas en género, deserción escolar, temor de la comunidad educativa y obstáculos para la atención humanitaria. También persisten riesgos para la seguridad hídrica por limitaciones en el acceso y conservación de microcuencas estratégicas.
Ante lo que está ocurriendo, la Defensoría, a través de la ATI 022-26, formuló 13 recomendaciones urgentes para que sea mitigado el riesgo inminente con enfoque de seguridad humana.
Insta al Estado a dar una respuesta articulada que supere las divisiones administrativas y proteja efectivamente la vida y el tejido social de la población y comunidades del municipio de Mercaderes, Cauca.
Las entidades a las que hace el llamado la Defensoría del Pueblo son del orden nacional y territorial. Entre ellas están los ministerios del Interior y de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, entre otras.
