Paipa/Boyacá. Foto: Archivo particular
Una nueva controversia administrativa y jurídica se abre en Paipa tras la admisión de una acción popular que busca detener la venta de un predio entregado años atrás con destinación social. La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama, que ordenó dar trámite al proceso en primera instancia y vincular formalmente al Concejo Municipal.
El terreno en disputa, conocido como “Entre vías” y ubicado en la vereda Romita, fue cedido gratuitamente en 2007 por Ecopetrol S.A. al municipio de Paipa. Según consta en la escritura pública de transferencia, el predio debía destinarse exclusivamente al desarrollo de proyectos institucionales, ambientales y comunitarios, en línea con el fortalecimiento del parque industrial del municipio.
Sin embargo, el Acuerdo Municipal No. 022 del 26 de noviembre de 2025 autorizó al alcalde para adelantar gestiones de venta del inmueble a particulares, lo que desató cuestionamientos sobre la legalidad de dicha decisión. Para el demandante, Yuber Giovanny López Ruiz, la intención de enajenar el predio no sólo contraviene las condiciones originales de la cesión, sino que también desconoce las necesidades colectivas para las que fue entregado. El proceso judicial plantea posibles vulneraciones a derechos e intereses colectivos, particularmente en lo relacionado con la protección del patrimonio público y la moralidad administrativa. En ese sentido, se argumenta que la eventual venta podría representar un detrimento para el municipio, al transformar un activo de uso social en un recurso económico de corto plazo.
Otro de los puntos críticos señalados en la demanda tiene que ver con el trámite del acuerdo en el Concejo Municipal. Según el accionante, no existió una socialización amplia con la comunidad ni un debate suficiente sobre las implicaciones de la decisión, lo que genera dudas sobre la transparencia y participación en el proceso. Además de admitir la acción popular, el juzgado estudia la solicitud de una medida cautelar que suspenda de manera inmediata cualquier intento de venta mientras se emite un fallo de fondo. Esta medida busca evitar que se consoliden actos administrativos o contractuales que puedan resultar irreversibles. Por su parte, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público fueron notificados para intervenir en el proceso, en su rol de garantes de los derechos colectivos. Su participación será clave para evaluar si la actuación de la administración municipal se ajusta a los principios de legalidad y protección del interés general.
El caso pone nuevamente sobre la mesa el debate entre la gestión de activos públicos y el cumplimiento de compromisos adquiridos en procesos de cesión. Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad permanece atenta al desenlace de una decisión que podría definir el uso de un bien concebido, desde su origen, para el beneficio colectivo.
