La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación tendrá plazo hasta el próximo martes 17 de marzo para pronunciarse sobre la suspensión del alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, dentro del proceso disciplinario que se adelanta en su contra.
El caso llegó a esta instancia luego de que el equipo jurídico privado del mandatario solicitara que la medida fuera revisada por una autoridad de mayor jerarquía dentro de la Procuraduría. En la práctica, lo que se busca es que un nivel superior analice nuevamente la decisión que lo mantiene apartado del cargo y determine si debe mantenerse, modificarse o levantarse.
Este tipo de revisión es habitual cuando se trata de funcionarios elegidos por voto popular, como alcaldes o gobernadores, ya que la ley establece que medidas de este tipo deben ser analizadas por una instancia superior con el fin de garantizar el debido proceso.
Además, estos controles también buscan proteger la naturaleza de los cargos de elección popular. Después de decisiones internacionales como la adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, se establecieron mecanismos más estrictos para las sanciones contra funcionarios elegidos mediante voto popular.
Por esta razón, dentro de la Procuraduría existe una Sala Especial de Juzgamiento en Bogotá encargada de revisar este tipo de decisiones cuando se trata de mandatarios locales.
En esta etapa del proceso se analizan los argumentos presentados por la defensa del alcalde. Desde su equipo jurídico privado se ha sostenido que el mandatario no ha cometido ninguna falta disciplinaria, razón por la cual se presentó el recurso correspondiente para que la medida sea revisada por una instancia superior.
De acuerdo con lo conocido, el plazo máximo para que la Procuraduría se pronuncie vence este martes 17 de marzo; sin embargo, la decisión podría conocerse incluso antes de esa fecha.
Entre tanto, desde distintos sectores ciudadanos también se ha manifestado la importancia de que el caso sea revisado con prontitud. Tras consultar la opinión de algunos habitantes del municipio, varios coinciden en que es fundamental que la Procuraduría analice el proceso y tome una decisión que permita dar claridad a la situación administrativa del municipio.
