Ciudadanos se concentraron de manera pacífica para rechazar la decisión que separó temporalmente del cargo al mandatario Amilcar Pantoja.
Un grupo de ciudadanos realizó un plantón en las afueras de la sede provincial de la Procuraduría General de la Nación en el municipio de Ipiales, manifestando su inconformidad por presuntas decisiones arbitrarias adoptadas recientemente.
La protesta se desarrolló de manera pacífica durante varias horas, con pancartas y consignas en las que se pedía transparencia y garantías en el proceso disciplinario que involucra al mandatario municipal.
La movilización se produjo luego de que se conociera la medida que separa del cargo por tres meses al alcalde de Ipiales, José Amílcar Pantoja, decisión que ha generado reacciones divididas en distintos sectores de la ciudad.
Varios asistentes calificaron la determinación como injusta y solicitaron mayor claridad sobre los fundamentos jurídicos que sustentan la actuación del ente de control.
Entre los manifestantes se encontraban líderes comunitarios, simpatizantes del gobierno local y ciudadanos del común que afirmaron respaldar la gestión adelantada en el municipio fronterizo.
Proceso
Durante la concentración también se escucharon voces que señalan un posible trasfondo político en la determinación adoptada, aunque hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente todos los detalles del caso.
Los participantes insistieron en que su presencia frente a la sede provincial no buscaba alterar el orden público, sino expresar de manera respetuosa su desacuerdo con la medida. “Nosotros conocemos al alcalde y nos parece injusto que por anteriores mandatos quieran dañar la imagen. Este plantón es pacífico, solo solicitamos que se realice una buena investigación. En un par de horas hicieron un documento en el cual lo destituyen”, expresó Javier Rodríguez, uno de los asistentes.
Los manifestantes reiteraron que esperan que el proceso avance con celeridad y que se respeten las garantías legales tanto del funcionario suspendido como de la institucionalidad. Algunos ciudadanos pidieron que se socialicen públicamente los argumentos jurídicos que motivaron la decisión disciplinaria para evitar especulaciones.
Reacciones
La situación continúa generando posiciones divididas en Ipiales, donde distintos sectores políticos y sociales han comenzado a pronunciarse frente al caso. Mientras unos respaldan la actuación de la entidad de control y destacan la importancia de la vigilancia disciplinaria, otros consideran que la medida afecta la gobernabilidad del municipio.
Por ahora, la expectativa está centrada en un pronunciamiento más amplio por parte de las autoridades competentes, así como en los pasos legales que pueda emprender la defensa del alcalde. El ambiente en la ciudad se mantiene en calma, aunque con un debate activo en redes sociales y escenarios comunitarios sobre el alcance de la decisión.
Se espera que en los próximos días se conozcan mayores detalles oficiales que permitan esclarecer los hechos y definir el rumbo administrativo del municipio.
Javier Rodríguez, asistente.
