El líder campesino, Juan Carlos Mora, quien pertenece al Movimiento Social Territorio Galeras expresó su satisfacción por el regreso a la normalidad en los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, al acabarse la zona de amenaza volcánica, la que, durante muchos años, impidió que se pudieran hacer inversiones y obras en esas regiones.
Al respecto, señaló que en un acto de reciprocidad y trabajo articulado entre las autoridades de los Municipios de Nariño, La Florida y sus comunidades, hubo una reunión el pasado lunes en el salón comunal de Briseño Alto, jurisdicción del municipio de Pasto, los alcaldes de Nariño Roberto Betancourt Ramos, La Florida Andrés Felipe Diaz Muñoz, el Personero del municipio de Nariño, estudiantes de la facultad de psicología de la Universidad de Nariño, concejales del municipio de Pasto y dirigencia del Movimiento Social por la Dignidad del Territorio Galeras con el propósito de analizar los avances en el cumplimiento a lo ordenado por la Sentencia T-269 de 2015 de la Honorable Corte Constitucional.
Se trata de una sentencia a una solución ordenada a la problemática Galeras generada hace más de 19 años por la declaratoria de situación de desastres decretada para un vasto territorio del departamento de Nariño.
Antecedentes
Sobre el particular, Juan Carlos Mora hizo un recuento de este proceso comenzando por lo que dio lugar a la declaratoria de riesgo volcánico.
“Ante el escalamiento de la actividad volcánica Galeras y bajo el supuesto de llevar a cabo acciones para el manejo del riesgo por amenaza volcánica, el gobierno colombiano declaró en situación de desastres los municipios de Pasto, Nariño y La Florida a través del Decreto 4106 de 2005 sin que exista desastre ni alteraciones en las condiciones normales de la vida social de la zona, decisión que se sustentó únicamente en el Mapa de Amenaza Volcánica Galeras elaborado por el Ingeominas en 1997.”
Agregó que esta situación, de inmediato produjo incuantificables consecuencias económicas y emocionales para los habitantes del territorio imposibles de ser reparadas.
Estudio técnico
Señaló que en el año de 2015, en el marco del proceso de reasentamiento y en respuesta a la revisión de algunos fallos de tutela, la Corte Constitucional emite la Sentencia T-269 a través de la cual ordena, entre otras cosas, que se proceda a elaborar un detallado estudio técnico por medio del cual se evalúen los niveles de riesgo, condiciones de vulnerabilidad y elementos expuestos ubicados en la zona de influencia al Galeras (Numeral Sexto) y en base a estos resultados, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD en conjunto con la gobernanza departamental y municipal así como con la participación ciudadana,proceda elaborar un Plan de Gestión de Riesgo para el Galeras
Seguidamente, ordena a los alcaldes de Pasto, Nariño y La Florida disponer lo conducente para que sus municipios, ajusten sus documentos de ordenamiento territorial (POT y EOTs) con las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales (Numeral Noveno).
De lo anterior, las comunidades de manera organizada y a través de la presión social, lograron la formulación de estudios detallados de riesgo volcánico para corrientes de densidad piroclástica, flujos de lodo, flujos de escombros volcánicos y caída de piroclastos en los municipios del área de influencia volcánica.
Positivo avance
En el orden respectivo al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional y después de elaborados los estudios detallados de riesgo volcánico, se logró avanzar positivamente en el cumplimiento del numeral séptimo en lo que respecta a la formulación del Plan Integral para la Gestión del Riesgo Volcánico Galeras construido en un marco de amplia participación y concertación comunitaria, en franco diálogo con las alcaldías municipales de Pasto, Nariño y La Florida, sumado el trabajo de la UNGRD, documento que permitió comprender e interpretar las necesidades y carencias de un territorio condenado por más de 19 años al estancamiento de su desarrollo como consecuencia de la declaratoria de situación de desastres en el año 2005.