En declaraciones a DIARIO DEL SUR, el abogado Francisco Javier Fajardo Angarita, manifestó que envió una solicitud a los diputados de la Asamblea de Nariño y al procurador regional Francisco Javier Zarama para que se haga un control de legalidad previo a la elección de contralor departamental 2022-2025.
En la petición pide el aplazamiento de la elección de este funcionario, prevista para el próximo lunes, al considerar que se está actuando de manera incorrecta, al señalar que esta elección se tiene que hacer en marzo del próximo año. Además, la Veeduría “Por la Transparencia en la Elección de Contralores en Nariño”, informó que presuntamente dos de las aspirantes que hacen parte de la terna, se encontrarían inhabilitadas.
En la solicitud que dirige a la plenaria dijo que existen pruebas que demuestran que, en este proceso de elección, la mesa directiva de la Asamblea del Departamento está violando el orden legal de manera sistemática, permanente y continuada, por lo que alerta sobre posibles denuncias penales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Observaciones
En la primera observación, Fajardo Angarita manifiesta que la Contraloría General de la Nación expidió la Resolución 0728 del 2009 donde reguló el proceso de convocatoria para la elección de contralores territoriales, donde en los diferentes artículos se determina el objeto, reglas generales y convocatoria, divulgación, acreditaciones, reclamaciones contra el listado de admitidos y no admitido, ponderación de pruebas, criterios de puntuación de experiencia, educación, actividad docente, reclamación contra los resultados de las pruebas, conformación de la terna y publicación, examen de integridad, entrevista, oportunidad del proceso, eficiencia del gasto, facultad consultiva, régimen de transición de las convocatorias y procesos de elección en curso.
Grave error
Igualmente, el abogado en su solicitud de control, afirmó que la elección de contralor debe producirse en el primer mes de sesiones ordinarias, siguiendo las reglas que determinó el Departamento Administrativo de la Función Pública en el concepto 127431 de 2021.
“Se exige de la Asamblea Departamental mayor rigor y coherencia en la toma de decisiones. No es serio que la Asamblea soporte sus decisiones selectivamente en los conceptos de la Dafp, unos si son acatados y otros no. Para el caso de la fecha de elección, determinó la Dafp que la misma debía ser en el primer mes de sesiones ordinarias, sobra decir, para el caso que nos concita la elección debe hacerse en el mes de marzo de 2022.
Al respecto Fajardo Angarita, expresó que la Asamblea Departamental, cometió un grave error, al fijar la fecha de elección del Contralor en este mes de noviembre de 2021, cuando lo correcto es que este proceso se lleve a cabo en marzo del 2022, que es el primer mes de las sesiones ordinarias.
“Es evidente la falta de conocimiento y experiencia de la mesa directiva, en trámite en este proceso de elección, por lo que considero que la plenaria de la Asamblea debe adoptar las medidas tendientes a prevenir riesgos antijurídicos, la toma de decisiones contrarias a la ley y sobre todo la configuración de conductas disciplinarias y penales, las cuales no duraremos en colocar en conocimiento de las autoridades respectivas de ser necesario”, dijo de manera contundente, el abogado Francisco Javier Fajardo Angarita.
¿Inhabilidades?
Por su parte, la coordinadora de Veeduría Ciudadana, denominada “Por la transparencia en la elección de contralores en Nariño” María Vicenta Bravo Caicedo, hizo varias observaciones en torno a la terna con base a la cual se escogerá el nuevo contralor (a) del departamento.
Bravo Caicedo dijo que los aspirantes a contralor, durante, durante el último año de la elección no pueden haber ocupado cargos públicos del orden departamental o municipal, salvo al que corresponda a la docencia.
En este sentido, la coordinadora explicó que una de las ternadas, Irma Janeth Mallama Narváez, se ha desempeñado como contralora auxiliar en la Contraloría Departamental de Nariño, desde el 13 de marzo del 2020.
Agregó que otra de las ternadas, Lucia Yanibeth Rodríguez Cabrera, también ha ocupado un cargo público en la Contraloria Departamental, como quiera que ostenta en esta dependencia una condición de profesional universitaria.
Ante esta situación, María Vicenta Bravo Caicedo fue enfática en manifestar que las dos aspirantes deben renunciar a la terna, so pena de incurrir en presuntas conductas punibles al haberse postulado en contravención directa de la inhabilidad consagrada en la Ley 330 de 1996.
Por esta razón Bravo Caicedo hizo un llamado a los diputados para que analicen esta situación, la cual puede derivar en la nulidad de elección, con las consecuencias disciplinarias y penales, que dicho evento puede acarrearles a los diputados, más aún, cuando desde la veeduría se ha hecho esta advertencia.
Advertencia
Bravo Caicedo advirtió además a los diputados que se debe tener muy en cuenta, las hojas de vida de las personas que aparecen en la terna y los instó realizar una verificación detallada de los documentos que se anexan en dichas hojas de vida, con el fin de descartar, que los aspirantes no se encuentren incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad y principalmente, conflicto de intereses y que se adopte una decisión idónea para que la elección del contralor departamental cumpla con los fines del Estado, la Ley y el derecho.