Bogotá, Colombia — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a salir al paso de las críticas que han surgido en torno a su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, insistiendo en que este proceso no se llevará a cabo durante el actual año electoral y que, por tanto, no interferirá directamente con los comicios legislativos y presidenciales de 2026. La aclaración presidencial se da en medio de un intenso debate político en el país sobre si el debate constitucional debería coincidir o no con el calendario electoral vigente.
La polémica se reavivó recientemente tras la radicación de un comité ciudadano ante la Registraduría Nacional, el cual fue inscrito con el propósito de iniciar la recolección de firmas que permitirían presentar ante el Congreso un proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente. Este comité —integrado por varios líderes sociales y representantes de distintos sectores de la sociedad— busca reunir el 5 % del censo electoral (alrededor de 2.05 millones de firmas) para activar el proceso legal.
Frente a la crítica pública del exministro y constituyente de 1991 Humberto de la Calle, quien aseguró que no es prudente mezclar una reforma constitucional con un año electoral porque podría instrumentalizarse como “arma de batalla política”, Petro enfatizó que la iniciativa no tendrá efectos en la dinámica electoral directa. De la Calle señaló que si bien las reformas a la Carta Magna pueden requerirse, estas no deberían ser utilizadas como herramienta en medio de un proceso electoral activo sin un amplio consenso nacional.
Petro explicó que la recolección de firmas apenas comienza y durará aproximadamente tres meses, y que la presentación formal del proyecto ante el Congreso se efectuaría después del 20 de julio de 2026, cuando ya haya terminado el periodo de elecciones y se haya posesionado el nuevo Legislativo y el próximo presidente. Según el mandatario, esta disposición temporal es clave para despejar dudas y evitar que la Asamblea Constituyente se perciba como parte de la campaña política.
Una vez presentado ante el nuevo Congreso, el proyecto debe ser debidamente discutido y aprobado por ese cuerpo colegiado y —en su caso— objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Solo después de estos pasos legales, se definiría una fecha para la elección de los constituyentes, la cual no coincidiría con ninguna elección nacional o local vigente.
Además, Petro ha compartido los ejes fundamentales que, a su juicio, deberían abordarse en una eventual asamblea constituyente. Entre ellos mencionó reformas sociales que han enfrentado obstáculos en el Congreso, como las pensionales, de salud, educativas y del sistema de servicios públicos. También ha incluido la discusión sobre cambios en el ordenamiento territorial para enfrentar el cambio climático, una reforma agraria más profunda y ajustes estructurales al modelo económico, como el papel del Banco de la República y la justicia constitucional.
La propuesta generó reacciones diversas y polarizadas. Sectores de oposición política y coaliciones como la Gran Consulta por Colombia la calificaron de innecesaria y señalaron que el país necesita estabilidad institucional y respeto por el orden constitucional vigente en vez de reformular la Carta Magna en un contexto parcialmente político. Estas voces han llamado a que cualquier cambio se aborde con un mayor consenso nacional y no como parte de una iniciativa promovida por un solo sector político.
Por su parte, integrantes del gobierno y aliados han defendido la iniciativa como un mecanismo de participación ciudadana que permitiría destrabar reformas estructurales que, según ellos, han quedado atoradas en el Congreso por razones políticas o de intereses particulares. Argumentan que el proceso —si se concreta— podría abrir espacios de participación y permitir que el pueblo colombiano tenga un rol más directo en la definición del marco institucional del país.
En suma, la discusión sobre una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia continúa siendo uno de los temas más controvertidos del panorama político nacional, con un equilibrio delicado entre la legítima aspiración de reformas profundas y las preocupaciones sobre la coincidencia con un año electoral y los riesgos para la estabilidad institucional.