Petro reconfigura la cúpula militar en plena crisis de violencia: ¿fortaleza o riesgo político?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó un nuevo foco de debate político y social este sábado al anunciar una reconfiguración profunda de la cúpula militar del país, en un momento marcado por crecientes desafíos de seguridad interna y la proximidad de las elecciones de 2026. La decisión, comunicada oficialmente a través de su cuenta en la red social X, implica la salida de altos mandos y la designación de nuevos comandantes en las Fuerzas Militares —incluidos Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial— con el argumento de fortalecer la seguridad y la democracia de cara al próximo ciclo electoral.

El relevo incluye, entre otros, al general Hugo Alejandro López Barreto como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, mientras el mayor general Royer Gómez Herrera fue nombrado al frente del Ejército Nacional. En la Armada y la Fuerza Aeroespacial también se registraron nombramientos que buscan “reforzar la conducción estratégica” de la fuerza pública.

Justificación oficial: seguridad y democracia

Según el presidente Petro, la decisión responde a los “desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia”, con énfasis en garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral y enfrentar las amenazas de grupos armados ilegales, narcotráfico y economías criminales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la nueva cúpula tiene la experiencia necesaria para enfrentar estos retos, destacando como objetivos “afectar críticamente las economías ilegales y consolidar el control territorial en zonas priorizadas”.

Más allá de la narrativa oficial, Petro también agradeció a los comandantes salientes por su labor en diversas operaciones, reconociendo avances como la recuperación de territorios y resultados contra estructuras criminales durante este año.

Contexto de seguridad: violencia y presión social

El anuncio ocurre en un momento delicado para la seguridad en Colombia. Varias regiones —como el Cauca y el Valle del Cauca— han registrado enfrentamientos, atentados y acciones violentas de grupos insurgentes y bandas criminales en 2025. En el Catatumbo, por ejemplo, las confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC continúan afectando a la población civil con desplazamientos forzados y crisis humanitarias.

Críticos señalan que el cambio de mandos llega en medio de esta escalada violenta y cuestionan si el relevo será suficiente para revertir la percepción de inseguridad entre la ciudadanía. Algunos legisladores de oposición calificaron la medida de insuficiente e incluso criticaron que se produzca en plena “crisis de seguridad”, cuando se esperaba una estrategia más integral para enfrentar a los grupos armados y mejorar el control territorial.

Polémica política: reacciones y debate público

Las reacciones no se hicieron esperar. Sectores de la oposición, así como analistas de seguridad, han expresado escepticismo sobre si estos cambios traerán resultados concretos en la disminución de homicidios, extorsión, secuestros o reclutamiento forzado, problemas que siguen impactando a comunidades en diversas partes del país. Algunos críticos incluso describen la medida como un “paño de agua tibia” ante las dificultades que enfrenta actualmente el aparato de seguridad estatal.

En cambio, desde el gobierno se insiste en que la nueva cúpula trabajará “de la mano con el pueblo” para proteger la vida, consolidar la democracia y enfrentar los desafíos de seguridad con una visión diferente, que combine capacidades militares con estrategias de control territorial efectivo.

Relevancia electoral y próximos pasos

El contexto de esta reorganización militar se cruza además con la agenda electoral de 2026: elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo. El presidente Petro ha querido enmarcar su decisión dentro de una estrategia más amplia de garantías electorales y de seguridad democrática, aunque todavía falta por ver cómo impactará esta medida en la percepción pública y en los índices de violencia en regiones afectadas por conflicto armado.