El presidente Gustavo Petro volvió a defender la iniciativa para convocar una Asamblea Constituyente, luego de que esta semana avanzara la inscripción del comité ciudadano encargado de recolectar firmas. Aunque se trata de un mecanismo que el Gobierno ha presentado como de origen popular, el mandatario ha asumido un papel activo en su promoción y justificación.
Las más recientes explicaciones surgieron como respuesta a un pronunciamiento de Humberto de la Calle, uno de los protagonistas del proceso constituyente de 1991. En un mensaje publicado en X, el exministro advirtió sobre los riesgos de impulsar cambios constitucionales en medio de un ciclo electoral.
“Una asamblea constitucional puede ser factible, pero no debe mezclarse con un año electoral”, afirmó De la Calle. También cuestionó la forma en que se ha planteado la iniciativa: “Reforma sí, pero no así. La Constitución no puede ser un arma de batalla”.
Petro: “La Constituyente no se realizará en época de elecciones”
Petro respondió asegurando que el proceso no coincidirá con las elecciones legislativas y presidenciales. Indicó que apenas comienza la etapa de recolección de firmas, que tendrá una duración aproximada de tres meses.
Según su planteamiento, una vez cumplido ese plazo, la propuesta sería radicada después del 20 de julio ante el nuevo Congreso elegido en marzo, cuando ya esté definido también el próximo presidente de la República.
“Allí se discutirá cuando no haya elecciones en curso”, precisó el mandatario. Añadió que, si el Congreso y la Corte Constitucional avalan la convocatoria, la elección de los delegados constituyentes se haría en la fecha que determine el alto tribunal, dentro de un margen máximo de tres meses.
Petro insistió en que el proceso que propone “no coincide con las actuales elecciones” y sugirió incluso que la eventual Asamblea se reúna en uno de los recesos legislativos.
Los temas que Petro quiere llevar a una Constituyente
El jefe de Estado enumeró los asuntos que pretende someter al debate del poder constituyente. Entre ellos:
- Reforma pensional (actualmente revisada por la Corte Constitucional).
- Reforma a la salud.
- Reforma al código minero.
- Cambios estructurales en educación.
- Una reforma agraria más profunda.
- Ajustes al ordenamiento territorial para enfrentar el cambio climático.
- Mayor autonomía para las regiones.
El mandatario también planteó una reforma a la justicia, en la que únicamente la Corte Constitucional permanecería sin modificaciones. Sostuvo que el poder judicial debe “liberarse de intereses políticos y particulares”.
En materia política y electoral, mencionó:
- Transformación del sistema electoral.
- Cambios en la financiación de partidos y campañas.
- Voto libre y obligatorio.
- Reglas para las revocatorias.
- Mayor control del software electoral.
- Un árbitro electoral independiente de la clase política.
Estas propuestas contrastan con el hecho de que, durante el actual Gobierno, una reforma política tramitada en el Congreso —que incluía varios de estos puntos— terminó siendo desfigurada y no recibió respaldo decidido del Ejecutivo.