En medio de la recta final hacia las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente Gustavo Petro emitió una directriz que ha generado amplio debate político: solicitó “de forma expresa y urgente” a todos los ministerios y entidades del Estado que divulguen los logros de su Gobierno a través de campañas masivas de comunicación.
La instrucción quedó consignada en un memorando fechado el 23 de abril de 2026 y enviado a todas las dependencias del Ejecutivo, en el que se ordena intensificar la difusión de resultados de gestión mediante publicidad en medios tradicionales, redes sociales y otros espacios informativos.
Una orden “expresa y urgente” con plazo inmediato
Según el documento, el mandatario pidió que cada entidad promueva “los logros fundamentales” de su gestión con carácter obligatorio y en un plazo máximo de una semana.
La estrategia incluye:
- Producción de comerciales televisivos y piezas publicitarias.
- Uso de redes sociales institucionales.
- Difusión en medios públicos y privados.
- Activación de espacios cívicos a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
El objetivo, de acuerdo con la comunicación oficial, es que “los colombianos puedan estar informados de las acciones y avances del Gobierno Nacional”.
Además, el presidente insistió en que las entidades deben usar recursos ya contemplados en sus planes de medios, lo que sugiere una movilización acelerada del aparato comunicativo estatal.
Coincidencia con el calendario electoral
El punto más controvertido de la medida es su timing. La orden se produce a pocas semanas de las elecciones presidenciales, en un contexto de alta tensión política y con campañas en pleno desarrollo.
Colombia se encuentra en una fase decisiva del proceso electoral, donde distintos candidatos buscan posicionarse frente a una opinión pública polarizada y unas encuestas ajustadas.
Este contexto ha llevado a sectores políticos y analistas a cuestionar si la estrategia comunicativa del Gobierno podría influir en el clima electoral, al amplificar los logros del Ejecutivo justo antes de los comicios.
Críticas desde la oposición y debate político
La directriz ha provocado reacciones inmediatas, especialmente desde la oposición, que ha cuestionado el uso de recursos públicos para campañas de divulgación en plena coyuntura electoral.
Algunos críticos consideran que la medida podría interpretarse como propaganda institucional con fines políticos, mientras que otros señalan que distrae la atención de problemas estructurales del país.
El debate también se alimenta de informes recientes que señalan dificultades en la ejecución del Gobierno. Por ejemplo:
- Un análisis político reportó que el 71% de las promesas del Plan Nacional de Desarrollo no se han cumplido.
- Ningún ministerio superó el 30% de ejecución presupuestal en el primer trimestre de 2026.
Estos datos contrastan con la narrativa oficial de logros que el Gobierno busca posicionar.
La defensa del Gobierno: informar a la ciudadanía
Desde el Ejecutivo, la medida se presenta como un ejercicio legítimo de comunicación pública. La administración Petro sostiene que es necesario que la ciudadanía conozca los avances alcanzados desde 2022, en áreas sociales, económicas y políticas.
Esta estrategia se enmarca en la línea discursiva del Gobierno bajo el lema #ConDignidadCumplimos, con el cual ha buscado destacar resultados de su gestión.
Un episodio más en un clima político tenso
La orden de Petro se suma a un ambiente político cargado, marcado por polémicas internas en el Gobierno, cuestionamientos sobre su gestión y una campaña electoral altamente competitiva.
A medida que se acerca la jornada electoral, este tipo de decisiones refuerzan el debate sobre los límites entre la comunicación institucional y la incidencia política, un tema recurrente en democracias en campaña.
