La extradición de Pipe Tuluá habría sido obstaculizada mediante sobornos a funcionarios públicos, según denunció el presidente Gustavo Petro en las últimas horas.
El mandatario afirmó que Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, intentó evitar su envío a Estados Unidos usando dinero ilícito.
Alias “Pipe Tuluá” es señalado como máximo jefe de la banda criminal La Inmaculada y es investigado por narcotráfico internacional.
Denuncia fue hecha a través de la red social X
La denuncia fue publicada por el presidente Petro en su cuenta oficial de X, antes Twitter.
El mensaje estuvo dirigido al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, a quien reiteró la orden de avanzar con la extradición.
“Usted tiene la orden del presidente de extraditar al señor alias ‘Pipe Tuluá’”, escribió el jefe de Estado.
Petro agregó que la decisión se basa en el intento de “comprar funcionarios públicos con dineros” para permanecer en Colombia.
El presidente afirmó que la paz no puede ser tratada como una mercancía ni como un mecanismo de presión criminal.
Requerido por la justicia de Estados Unidos
La extradición de Pipe Tuluá fue autorizada recientemente por el Gobierno colombiano tras una solicitud formal de Estados Unidos.
Una corte federal lo requiere por tres cargos relacionados con narcotráfico internacional.
Entre ellos figuran conspiración para distribuir cocaína y fabricación y envío de más de cinco kilogramos de droga.
La sustancia tenía como destino final territorio estadounidense, según los expedientes judiciales.
En noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición.
La Sala Penal concluyó que se cumplían los requisitos legales y los tratados internacionales vigentes.
Condena en Colombia y control criminal desde prisión
Alias “Pipe Tuluá” cumple una condena de 30 años de prisión en Colombia desde marzo de 2022.
Fue hallado responsable de al menos 39 homicidios, siete tentativas de asesinato y concierto para delinquir.
Las autoridades indicaron que continuaba dirigiendo economías ilegales desde prisión.
Ese factor influyó en la decisión de entregarlo a la justicia estadounidense.
Violencia y amenazas durante el proceso
El proceso de extradición estuvo marcado por graves tensiones de seguridad en el Valle del Cauca.
El traslado de Marín Silva desde La Picota a una estación policial generó una ola de violencia en Tuluá.
Se reportaron taxis incinerados, ataques armados y la imposición de un toque de queda.
Las autoridades actuaron tras alertas de inteligencia sobre un presunto plan de fuga.
Alerta máxima en el sistema penitenciario
También se conocieron amenazas contra directivos y funcionarios del Inpec.
Algunos fueron declarados “objetivo militar” en panfletos atribuidos a la estructura criminal.
El director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, denunció públicamente las intimidaciones recibidas.
Esto obligó a declarar alerta máxima en el sistema penitenciario nacional.
Defensa aún puede apelar la decisión
El ministro de Justicia encargado confirmó que la defensa aún puede presentar un recurso de apelación.
Sin embargo, Andrés Idárraga aseguró que es poco probable que prospere jurídicamente.
“Difícilmente se cambiará la decisión del Gobierno”, afirmó el funcionario el 26 de enero.
