El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a salir al frente del debate político tras las críticas generadas por la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y el cronograma en que podría desarrollarse, especialmente frente al calendario electoral de 2026.
La controversia surgió después de que un comité ciudadano con nueve personas, respaldado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, radicó ante la Registraduría Nacional un trámite para recolectar firmas que permitan poner en marcha la iniciativa de una Constituyente. Este paso constituye el inicio formal de un proceso que, de lograr el apoyo suficiente, culminaría en la presentación de un proyecto ante el Congreso de la República.
¿Por qué la polémica?
Sectores de la oposición, así como figuras políticas independientes, han cuestionado que esta iniciativa podría interferir o “tocar” el calendario electoral, que incluye las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, la jornada de comicios presidenciales el 31 de mayo, y posibles segundas vueltas en junio del mismo año.
El debate gira en torno a si la convocatoria de una Constituyente —un mecanismo constitucional que permite modificar la carta magna—, puede ser un instrumento con implicaciones políticas cercanas a procesos electorales, con ventajas para ciertos sectores partidistas o si, por el contrario, se trata de un ejercicio de democracia participativa legítimo.
La respuesta de Petro
En respuesta a esos cuestionamientos, Petro ha insistido en que el proceso no se hará durante el actual calendario electoral ni para influir en él. Según reiteró en su cuenta oficial de la red social X (antiguo Twitter), la etapa de recolección de firmas —que tendrá una duración aproximada de tres meses— apenas comienza y no implica una convocatoria inmediata a votación o referendo. Enfatizó que, de conseguirse el número requerido, el proyecto se presentará al nuevo Congreso de la República después del 20 de julio de 2026, cuando el proceso electoral y la elección presidencial ya se habrán completado.
Petro afirmó tajantemente que “la constituyente no se hará en época electoral” y que, en realidad, la iniciativa apunta a profundizar reformas sociales, políticas, ambientales y de justicia que, según él, han sido bloqueadas en el trámite legislativo tradicional.
Críticas y voces discordantes
La idea no ha estado exenta de críticas. Políticos como Humberto de la Calle, exministro y negociador de paz, han advertido que usar la figura de una Constituyente en un contexto cercano a elecciones podría poner a la Carta Política “como un arma de batalla” en lugar de un instrumento de consenso nacional.
Asimismo, líderes religiosos como el cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, han señalado que, aunque una asamblea constituyente puede ser legítima y necesaria, mezclarla con tiempos electorales podría ser “no prudente”.
Opositores más duros han cuestionado la viabilidad jurídica del proceso, argumentando que no bastaría con la recolección de firmas para convocar una Constituyente, sino que se requeriría la participación del Congreso y otras instancias legitimadas por la Constitución vigente.
El proceso de recolección de firmas
Según lo establecido, una vez que la Registraduría dé visto bueno al comité promotor, este tendrá hasta seis meses para recopilar el apoyo del 5 % del censo electoral —aproximadamente más de dos millones de firmas— necesarias para avanzar con la iniciativa. Si se logra esa meta, la certificación se llevará al Congreso para continuar con el trámite constitucional.
Para Petro y sus aliados, este mecanismo representa la oportunidad de abrir un espacio de participación ciudadana real para debatir y eventualmente transformar el marco institucional colombiano, apuntando a temas que han sido objeto de bloqueos en el actual período legislativo.