El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió públicamente contra lo que denominó “los megarricos del país” al referirse al debate en curso sobre el ajuste de recursos destinados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) privadas y el aumento del salario mínimo para el año 2026.
En una publicación difundida en la red social X, el mandatario señaló que un reducido grupo de grandes empresarios y sectores con alto poder económico ha presionado por un incremento de hasta el 17 % en los giros gubernamentales a las EPS, mientras que, según él, ese mismo sector promueve un aumento más moderado del 7 % para el salario mínimo, una cifra que, en su opinión, no responde a las necesidades reales de los trabajadores.
Acusaciones en medio de negociaciones clave
Petro afirmó que quienes exigen un mayor financiamiento para las EPS privadas también han contribuido a obstaculizar iniciativas gubernamentales como la ley de financiamiento, y cuestionó que estas posturas no reflejen equidad social. En su mensaje, además, responsabilizó a ese grupo de concentrar el control de la deuda pública interna con tasas elevadas y de buscar beneficios que, a su juicio, favorecen más a intereses económicos que al bienestar general.
El llamado se produce en un contexto en el que el Ministerio de Salud y Protección Social, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, debe definir antes del cierre de diciembre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, una cifra que impactará directamente en la financiación del sistema de salud y en la viabilidad económica de las EPS. Algunos gremios empresariales han planteado propuestas de incremento que superan el 15 % para ese rubro, argumentando la necesidad de atender un déficit financiero histórico en el sector.
Diferencias en la discusión sobre salario mínimo
Además de su crítica al enfoque empresarial en torno a los recursos de las EPS, Petro también cuestionó la posición de ciertos sectores frente al aumento del salario mínimo, actualmente objeto de negociación entre el Gobierno, centrales obreras y gremios empresariales. Mientras las organizaciones sindicales han planteado incrementos de dos dígitos para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación, grupos empresariales han propuesto ajustes más moderados, alrededor del 7 % o ligeramente superiores, considerando criterios técnicos basados en inflación y productividad.
La decisión sobre el ajuste del salario mínimo para 2026 continúa en discusión, y el Gobierno tendrá la última palabra si no se llega a un consenso antes del 30 de diciembre, fecha límite para definir el porcentaje de incremento oficial sobre el ingreso mínimo.
Reacción del entorno político y económico
El debate ha generado reacciones en distintos sectores del país, con centrales obreras insistiendo en aumentos más relevantes para proteger a los trabajadores frente al aumento del costo de vida, y representantes empresariales advirtiendo sobre posibles efectos adversos en la formalidad laboral y la competitividad si se implementan incrementos salariales elevados.
En este escenario, la publicación de Petro reavivó la discusión sobre las prioridades en materia de política económica y social, mientras el Gobierno busca equilibrar la sostenibilidad fiscal con la necesidad de responder a demandas sociales crecientes.