El presidente Gustavo Petro anunció que el próximo martes 18 de marzo será declarado día cívico en Colombia, una medida con la que busca facilitar la participación en las marchas convocadas en respaldo a sus reformas sociales. En un discurso desde Aracataca, Magdalena, el mandatario afirmó que con esta jornada “comienza la consulta popular”, una estrategia del Gobierno para contrarrestar el archivo de la reforma laboral en el Congreso.
Un día cívico para movilizar el país
Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, un día cívico implica que, por norma general, los funcionarios públicos no trabajan. Petro insistió en que ningún empleador podrá despedir a un trabajador por asistir a las manifestaciones, pues sería una violación a la ley.
“La consulta popular en Colombia comienza este martes, y será día cívico, como lo es el día de las elecciones”, afirmó el presidente. Cabe recordar que la última vez que se declaró una jornada similar fue el 19 de abril de 2024, en teoría para el cuidado del agua, aunque generó polémica porque coincidió con el cumpleaños del mandatario y el aniversario del M-19.
Las marchas y el respaldo a las reformas
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha convocado a trabajadores, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a “tomar carreteras, plazas y parques del país” en defensa de las reformas laboral y de salud. Se prevén manifestaciones masivas en las principales ciudades.
Petro confirmó su participación en las calles: “Este martes saldremos es a las calles, yo primero, a encabezar la manifestación en Bogotá, pero en cada ciudad de Colombia debe haber una manifestación del poder de decisión del pueblo, sin miedo y sin violencia”. Además, se mostró optimista sobre la consulta popular: “Vamos a ganar. El martes inicia la campaña por el sí”.
¿Qué tan viable es la consulta?
La apuesta del Gobierno no es sencilla. Para que la consulta popular prospere, primero debe ser aprobada por el Senado. Luego, de los 40’963.370 ciudadanos habilitados para votar, al menos 13’650.456 deben participar, y la mitad más uno de ellos (6’827.229) debe votar por el “sí”.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que, si la consulta fracasa en las calles o en el Congreso, el Gobierno quedaría deslegitimado. “Si el Gobierno dice que es el pueblo quien valida las reformas y el pueblo no las valida, pues queda desinstitucionalizado”, afirmó.
Por su parte, Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, calificó la medida como el inicio de la campaña para las elecciones de 2026. “Su ego no le permite ver más allá de su nariz. Con la consulta popular, se acabó el gobierno. Arrancaron las elecciones del 26”, afirmó el congresista.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el Ejecutivo aún deja abierta la posibilidad de concertar la reforma con la Comisión VII y desistir de la consulta. Sin embargo, Petro parece decidido a jugársela por este mecanismo de participación, con el riesgo de que su capital político quede en juego.