Cuatro meses después de haber sido inaugurado con presencia del presidente Gustavo Petro, el denominado colegio-universidad de El Tarra, en Norte de Santander, permanece cerrado y sin recibir estudiantes debido a la ausencia de servicios públicos básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad.
La obra, presentada como una apuesta clave para transformar la educación en el Catatumbo —una de las regiones más afectadas por el conflicto armado— hoy se ha convertido en símbolo de improvisación institucional, fallas de planificación y disputas entre entidades públicas.
Un proyecto ambicioso que no despega
El complejo educativo fue inaugurado el 3 de diciembre de 2025 en el municipio de El Tarra, con la promesa de integrar educación básica, media y superior en un mismo espacio. Según el Gobierno, beneficiaría a cerca de 391 estudiantes de colegio y 220 jóvenes en programas técnicos y profesionales.
La infraestructura, financiada por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), implicó una inversión de aproximadamente 8.380 millones de pesos y fue construida en un plazo de siete meses.
Sin embargo, pese a estar terminada físicamente, nunca entró en funcionamiento.
La raíz del problema: sin agua, luz ni alcantarillado
El principal obstáculo ha sido la falta de servicios públicos esenciales. Aunque inicialmente la empresa local de servicios públicos había asegurado la disponibilidad de acueducto y alcantarillado, posteriormente se retractó al confirmar que la zona no contaba con cobertura.
A pesar de esta advertencia, el proyecto continuó su ejecución, se otorgó licencia de construcción y finalmente se inauguró sin que estos problemas fueran resueltos.
Actualmente:
- El agua potable aún no está disponible, y las obras del acueducto siguen en ejecución.
- La conexión eléctrica está en proceso, pero no ha sido completada.
- El sistema de alcantarillado tampoco está habilitado.
Las autoridades estiman que, en el mejor de los casos, el colegio podría contar con servicios hasta mayo de 2026.
Irregularidades y decisiones cuestionadas
El caso ha revelado una cadena de decisiones controvertidas:
- Se otorgó licencia de construcción pese a no existir condiciones básicas para operar.
- El FFIE decidió continuar la obra para evitar indemnizaciones al contratista.
- La solución del acueducto comenzó a gestionarse meses después de iniciada la construcción.
Además, alternativas como la construcción de un pozo o una planta de tratamiento han enfrentado obstáculos técnicos y regulatorios.
Cruce de responsabilidades
El caso ha derivado en un cruce de acusaciones entre las partes involucradas:
- El Gobierno Nacional señala a la Alcaldía por no garantizar los servicios.
- La Alcaldía cuestiona al contratista por la ejecución del proyecto.
- El contratista afirma que recibió un lote con supuestas condiciones garantizadas.
Por su parte, veedores ciudadanos aseguran que la responsabilidad principal recae en la administración municipal, al ser la encargada de asegurar la prestación de servicios públicos.
Los más afectados: los estudiantes
Mientras las entidades discuten responsabilidades, los principales afectados son los estudiantes.
Al menos 200 jóvenes inscritos en programas técnicos no han podido iniciar sus clases en el nuevo campus y han tenido que ser reubicados temporalmente en otras instituciones, algunas incluso en obras de ampliación.
Además, el instituto que administrará el centro educativo no ha podido invertir los recursos destinados para mobiliario y dotación, debido a que el edificio no está en funcionamiento.
Impacto en la política educativa
Este caso pone en entredicho uno de los pilares del gobierno de Petro: la expansión del acceso a la educación superior en regiones históricamente excluidas.
El colegio-universidad de El Tarra formaba parte de una estrategia más amplia para llevar educación a zonas afectadas por la violencia, incluyendo la futura Universidad del Catatumbo. Sin embargo, los retrasos y errores en la ejecución generan dudas sobre la viabilidad de estos proyectos.
