Petro arremetió contra el Consejo de Estado tras suspensión del traslado de $25 billones a Colpensiones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con fuertes críticas contra el Consejo de Estado luego de que ese alto tribunal mantuviera suspendido el decreto que ordenaba trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

La controversia gira en torno al Decreto 0415 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, mediante el cual se buscaba que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transfirieran millonarios recursos correspondientes a afiliados que decidieron cambiarse al régimen público. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que la medida podría ir en contra de lo establecido en la reforma pensional y decidió frenar provisionalmente su aplicación.

Tras conocerse la decisión judicial, Petro publicó varios mensajes en sus redes sociales en los que cuestionó duramente al magistrado encargado del caso. Incluso, el mandatario aseguró que solicitaría acciones legales por presunto prevaricato, afirmando que la suspensión favorece a los sectores financieros y a los fondos privados de pensiones.

El Gobierno ha defendido el decreto argumentando que Colpensiones actualmente paga pensiones de afiliados cuyos recursos continúan administrados por fondos privados, situación que —según el Ejecutivo— genera un desbalance financiero. Además, el presidente insiste en que los ahorros pertenecen a los trabajadores y que quienes optaron por trasladarse al régimen público tienen derecho a mover sus recursos.

Por otro lado, diferentes sectores políticos y económicos han expresado preocupación frente al posible impacto que tendría el traslado masivo de recursos sobre el sistema financiero y el ahorro pensional de millones de colombianos. Desde Asofondos y algunos líderes de oposición se ha advertido que una movilización de esta magnitud podría generar efectos en el mercado de capitales y poner en riesgo la estabilidad del sistema.

El debate continúa mientras el proceso judicial sigue su curso y el futuro de esos recursos permanece en manos de las AFP hasta que exista una decisión definitiva de las altas cortes.

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