El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a encender el debate político nacional al insistir en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, mientras aumenta sus críticas contra el Congreso por el bloqueo de las principales reformas impulsadas por su Gobierno. La nueva ofensiva del mandatario ocurre en un momento decisivo para el país: a pocas semanas de las elecciones presidenciales de 2026 y en la recta final de su administración.
Durante varios discursos públicos y mensajes en redes sociales, Petro responsabilizó directamente al Legislativo de frenar iniciativas relacionadas con salud, trabajo, pensiones y reforma agraria. El mandatario aseguró que las “fuerzas cavernarias” dentro de las instituciones impidieron desarrollar plenamente los derechos sociales contemplados en la Constitución de 1991.
La propuesta tomó fuerza el pasado 1 de mayo, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en Medellín. Allí, el jefe de Estado oficializó una campaña para recolectar cinco millones de firmas con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente mediante participación ciudadana. Según explicó, no busca reemplazar la Constitución vigente, sino agregar nuevos capítulos enfocados en reformas sociales y lucha contra la corrupción.
Petro afirmó que la actual estructura política ha impedido concretar transformaciones que considera fundamentales para reducir la desigualdad en Colombia. Entre los cambios que pretende elevar a rango constitucional se encuentran garantías sobre salud pública, educación, acceso al agua potable, derechos laborales y fortalecimiento de programas sociales. Además, insiste en incluir mecanismos más estrictos contra la corrupción y el clientelismo político.
El discurso presidencial provocó una inmediata reacción desde distintos sectores políticos. Voceros de oposición advirtieron que una Constituyente podría abrir la puerta a cambios institucionales más profundos e incluso afectar el equilibrio de poderes. Algunos dirigentes compararon la propuesta con procesos políticos impulsados en otros países latinoamericanos, mientras figuras de centro señalaron que el país necesita acuerdos y estabilidad institucional, no una confrontación entre poderes públicos.
Desde el Congreso también surgieron respuestas frente a las críticas del mandatario. Varios legisladores defendieron la autonomía del poder legislativo y recordaron que las reformas del Gobierno enfrentaron dificultades no solo por falta de apoyos políticos, sino también por cuestionamientos técnicos y jurídicos. El ambiente entre el Ejecutivo y el Congreso se ha deteriorado progresivamente durante los últimos meses, especialmente por el hundimiento o retraso de proyectos clave del petrismo.
Incluso dentro del oficialismo existen diferencias frente al alcance de la propuesta constituyente. Algunos sectores del Pacto Histórico consideran que la prioridad debe ser consolidar acuerdos políticos amplios antes que impulsar una reforma constitucional de gran magnitud. El senador Iván Cepeda, uno de los nombres más fuertes del petrismo para las elecciones de 2026, ha mantenido una posición más moderada y ha defendido la necesidad de consensos nacionales.
La insistencia de Petro en una Constituyente reabre uno de los debates más sensibles de la política colombiana contemporánea. Mientras sus seguidores consideran que el Congreso bloqueó las transformaciones prometidas por el actual Gobierno, sus críticos advierten sobre posibles riesgos institucionales y un aumento de la polarización en medio de la campaña presidencial. Lo cierto es que la propuesta ya se convirtió en uno de los temas centrales del panorama político de 2026.
