Bogotá.
El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra la firma Thomas Greg & Sons, asegurando que funcionarios corruptos de la Cancillería buscaron favorecer a esa empresa para extender su contrato de expedición de pasaportes a través de “una táctica dilatoria”.
En un mensaje publicado en la red social X, Petro denunció que estos funcionarios «se burlaron del presidente» con el propósito de imponer intereses particulares. Según el mandatario, el pliego de condiciones del contrato fue diseñado a medida para beneficiar a la firma.
“La táctica es dejar pasar los tiempos de la nueva contratación, para, contra la pared, obligar a la prórroga del contrato”, escribió el jefe de Estado.
El mandatario también cuestionó la influencia de Thomas Greg & Sons en el manejo de datos sensibles de los colombianos, advirtiendo sobre su vínculo con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la presunta posibilidad de alterar resultados electorales mediante software vulnerable.
“Se trata de una empresa que concentra peligrosamente los datos generales y electorales de los colombianos. Una sentencia del Consejo de Estado ordenó cambiar el software por ser manipulable. Sin embargo, de la mano del exregistrador Alexander Vega, Thomas Greg aún mantiene su poder dentro de la Registraduría”, afirmó Petro.
Gobierno descarta prórroga y confirma nuevo modelo
Frente al vencimiento del contrato actual, el jefe de Despacho Presidencial, Alfredo Saade, explicó que el Gobierno no declarará la urgencia manifiesta para renovar con Thomas Greg & Sons y avanza en una nueva estrategia.
Saade aclaró que el contrato vigente no es directamente con Thomas Greg & Sons, sino con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025
“Estamos casi listos para firmar el nuevo proceso entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y el Gobierno de Portugal. Soy el articulador designado por el presidente”, dijo Saade a W Radio.
El funcionario reiteró que no habrá escasez de pasaportes en el país. Actualmente, el contrato vigente se extiende hasta el 30 de agosto y hay suficientes libretas para abastecer la demanda mensual estimada en 130.000 documentos.
Contexto del conflicto
La polémica surge tras la renuncia de Laura Sarabia al cargo de canciller, quien denunció que Saade habría interferido en funciones propias de la Cancillería para frenar la asignación de citas y favorecer un cambio en el proveedor del servicio.
Mientras tanto, crecen las tensiones entre distintos sectores del Gobierno y se intensifica el debate sobre la transparencia en los procesos de contratación pública, así como el manejo de datos personales y electorales por parte de actores privados.