Perú enfrenta una nueva crisis institucional tras la destitución de Dina Boluarte

La inestabilidad política volvió a sacudir a Perú con fuerza. En una maniobra relámpago, el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte
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, profundizando la crisis institucional que ha dejado al país con siete presidentes en apenas nueve años.

Con 122 votos a favor, los legisladores declararon la “incapacidad moral permanente” de Boluarte para continuar en el cargo, citando su ineficacia frente al auge del crimen organizado y una creciente ola de violencia. La destitución, que se concretó de madrugada, ocurre a seis meses de las elecciones generales programadas para abril de 2026, y deja a Perú una vez más en una delicada encrucijada política.

De aliada a destituida

Boluarte, quien asumió el poder tras la caída de Pedro Castillo en 2022, había logrado sostenerse en el cargo gracias al respaldo de partidos conservadores como Fuerza Popular y Acción Popular para el Progreso (APP). Sin embargo, su impopularidad —que alcanzó el 94 % de desaprobación, según la encuestadora CPI— y una serie de escándalos, protestas y una creciente ola de violencia urbana terminaron por aislarla políticamente.

El episodio más reciente, un tiroteo durante un concierto en Lima el pasado 8 de octubre, fue el detonante final. Incluso sus antiguos aliados parlamentarios se vieron forzados a marcar distancia, sumándose a la votación que la apartó del poder.

Un nuevo presidente, viejos desafíos

Tras la destitución, la presidencia fue asumida de forma interina por el presidente del Congreso, José Jerí, en línea con el protocolo constitucional. Jerí, un joven político de 38 años, llega al poder con un pasado polémico: fue recientemente absuelto de una denuncia por violación, lo que ya genera controversia en sectores de la sociedad civil.

En su primer mensaje como jefe de Estado, Jerí definió sus prioridades con contundencia: “El enemigo está afuera. Son las bandas criminales. A ellos debemos declararles la guerra”, señaló, en alusión al repunte del crimen organizado que ha sumido al país en una ola de extorsiones, asesinatos y violencia sin precedentes.

¿Habrá adelanto de elecciones?

Si bien las elecciones están fijadas para el 12 de abril de 2026, algunas bancadas parlamentarias ya están presionando para que se adelanten, en un intento por descomprimir la creciente tensión social. En las calles, las protestas espontáneas y los lemas como “¡Que se vayan todos!” vuelven a ganar fuerza, apuntando no solo al Ejecutivo, sino también al Congreso, que goza de un nivel de rechazo similar al del gobierno saliente.

No obstante, analistas constitucionales advierten que modificar el calendario electoral no será tarea fácil. El proceso ya está oficialmente en marcha y solo podría alterarse mediante una reforma legal aprobada por el propio Parlamento.

Un ciclo que no termina

La salida de Boluarte reaviva la narrativa que ha marcado la política peruana desde 2016: presidentes que no logran completar su mandato, enfrentamientos con un Congreso poderoso y una ciudadanía cada vez más desencantada con sus instituciones.

En este escenario, el nuevo gobierno interino de José Jerí tendrá la tarea monumental de contener la violencia, calmar las calles y conducir al país hacia unas elecciones legítimas. Pero con el precedente de inestabilidad constante, el camino no parece sencillo.