Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
La crisis general que hoy vivimos exige defensa y protección ciudadana ante el crecimiento de los organismos estatales en todos los niveles, en razón a la manera verdaderamente endiablada como se va urdiendo y complicando la administración pública y su aparato burocrático.
La multiplicidad de funciones de control y fiscalización pública que tienen a su cargo la Procuraduría y la Contraloría impide que se pueda ejercer una vigilancia más directa en torno a las acciones u omisiones de quienes tienen en sus manos la orientación administrativa de los municipios.
Es por ello que en la institución del personero recae la responsabilidad, la encomiable función de protección de los derechos humanos y demás garantías de las personas, a fin de frenar los abusos y atropellos que a veces brotan por todos los costados de los escritorios de los alcaldes y demás funcionarios públicos.
Sin embargo, esta institución, al igual que otras han perdido credibilidad entre la población por culpa de quienes han ejercido o ejercen el cargo de personeros.
Si bien es cierto que algunos personeros son víctimas de amenazas y otros han sido asesinados por cumplir a cabalidad con su deber, lo cierto es que muchos de ellos pareciera que se encuentran sumidos en una especie de vida vegetativa, languidez y ostracismo que no les permite percatarse en lo más mínimo de la corrupción, de los atropellos y desmanes en que incurren los funcionarios públicos a nivel municipal.
Ante esa escabrosa realidad, los habitantes de los municipios, sobre todo la de aquellos que se encuentran distantes de las grandes ciudades y de los máximos organismos de control y fiscalización estatal, se hallan en la más completa desprotección porque su inmediato defensor como es el personero no se preocupa por el bienestar social de la comunidad, sino más bien de los intereses particulares de quienes en su momento les hicieron el “favor” de elegirlos, no obstante hablarse de un concurso de méritos para llegar al cargo.
Existen personeros que ni paran en el lugar de su trabajo. So pretexto de adelantar gestiones en otros lados, se ausentan durante varios días de la semana. Y cuando de pronto acuden a laborar lo hacen con una displicencia y todavía bravos para atender a las personas que llegan hasta sus oficinas con la finalidad de obtener su colaboración en la solución de algún problema, o simplemente a fin de poner en su conocimiento cierta irregularidad administrativa o queja.
En ese sentido, entonces, y ahora que se alardea tanto de la búsqueda de una “paz total”, los personeros municipales deben entender que tienen una responsabilidad histórica en este país. Pues, su preparación es fundamental “para asumir y sacar adelante una tarea que, aunque silenciosa, es la base del éxito de este proceso por el contacto directo que tienen con los ciudadanos, en especial con las víctimas de la guerra sin nombre que ha soportado y soporta Colombia”.
Pero para esto no queremos tener personeros “ciegos, sordos y mudos” frente al clamor popular, tal y como existen en muchos municipios, en donde la mayoría de ellos son unos funcionarios de bolsillo de los alcaldes y de los concejales.