La crisis general que hoy vivimos exige defensa y protección ciudadana ante el crecimiento de los organismos estatales en todos los niveles, en razón a la manera verdaderamente endiablada como se va urdiendo y complicando la administración pública y su aparato burocrático.
La multiplicidad de funciones de control y fiscalización pública que tienen a su cargo la Procuraduría y la Contraloría impide que se pueda ejercer una vigilancia más directa en torno a las acciones u omisiones de quienes tienen en sus manos la orientación administrativa de los municipios.
Es por ello, que en la institución del personero recae la responsabilidad, la encomiable función de protección de los derechos humanos y demás garantías de las personas, a fin de frenar los abusos y atropellos que a veces brotan por todos los costados de los escritorios de los alcaldes y demás funcionarios públicos.
Sin embargo, esta institución, al igual que otras han perdido credibilidad entre la población por culpa de quienes han ejercido o ejercen el cargo de personeros.
Si bien es cierto que algunos personeros son víctimas de amenazas y otros han sido asesinados por cumplir a cabalidad con su deber, lo cierto es que muchos de ellos pareciera que se encuentran sumidos en una especie de vida vegetativa, languidez y ostracismo que no les permite percatarse en lo más mínimo de la corrupción, de los atropellos y desmanes en que incurren los funcionarios públicos a nivel municipal.
Ante esa escabrosa realidad, los habitantes de los municipios, sobre todo la de aquellos que se encuentran distantes de las grandes ciudades y de los máximos organismos de control y fiscalización estatal, se hallan en la más completa desprotección porque su inmediato defensor como es el personero no se preocupa por el bienestar social de la comunidad, sino más bien de los intereses particulares de quienes en su momento les hicieron el “favor” de elegirlos, no obstante hablarse de un concurso de méritos para llegar al cargo.
De allí que es acertado que la Procuraduría General de la Nación tenga los ojos abiertos y bien puestos en los concursos de méritos que les corresponde adelantar a los concejos municipales para la elección de personeros.
Pues, son muchas las irregularidades que se han puesto de presente por la contratación realizada por algunos concejos con instituciones que no tendrían experiencia para llevar a efecto el concurso de méritos y, sobre todo, por la violación del procedimiento legal establecido para la escogencia de los personeros.
Los nuevos personeros tienen que estar posesionados el 1 de marzo; pero esto no debe dar pie para que por la premura de designar a dichos funcionarios se hagan las elecciones en contra de los intereses de la ciudadanía y en beneficio de ciertos concejales corruptos que suelen solicitar toda clase de dádivas a los aspirantes para elegirlos.
Frente a tantas quejas y avalancha de tutelas de los aspirantes defendiendo un debido proceso, es importante que los personeros sean bien escogidos, es decir, de conformidad con la norma (Decreto 1083 2015) para que se garanticen los principios que deben contener los concurso de méritos, los cuales son los de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad y teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones.
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