Violencia Intrafamiliar/ foto: archivo particular.
El personero municipal de Chiquinquirá, Carlos Ernesto Fajardo Castiblanco, vuelve a estar en el centro de la controversia por una acción de tutela que presentó en 2023 contra la Fundación Iberoamericana Mujer Mariposa Alba Neira, organización que brindó acompañamiento a quien fue su expareja en un proceso por presunta violencia intrafamiliar. La tutela fue radicada después de que la directora de la fundación publicará una columna de opinión en la que exponía la denuncia presentada por la mujer.
Proceso
En el recurso judicial, Fajardo solicitó la rectificación del contenido y planteó una reclamación de carácter económico. La organización calificó esta actuación como un intento de intimidación judicial contra quienes respaldan a la presunta víctima. El proceso al que hacía referencia la publicación continúa activo en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal, donde se adelanta un juicio por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada.
La denuncia señala hechos ocurridos entre 2018 y 2019, cuando, según la víctima, habría sido objeto de agresiones físicas, una de ellas durante su embarazo. Aunque el juicio oral inició en junio de 2024, el proceso aún no ha concluido y continúa en etapa judicial, por lo que no existe una decisión de fondo que determine la responsabilidad penal del funcionario. Este episodio se suma a otros antecedentes públicos que han rodeado la trayectoria de Fajardo.
Entre ellos figuran un proceso relacionado con porte ilegal de armas que terminó mediante un principio de oportunidad, la divulgación de audios que generaron fuertes cuestionamientos por su contenido y una suspensión disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación por presunto abandono de funciones. Mientras las investigaciones avanzan, el caso continúa generando debate en Chiquinquirá, especialmente por tratarse de un servidor público cuya principal responsabilidad es la defensa de los derechos humanos y la protección de los ciudadanos.
Entretanto, las autoridades competentes serán las encargadas de establecer las responsabilidades a que haya lugar, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
