La Defensoría del Pueblo, a través del Boletín sobre Dinámicas de Movilidad Humana Forzada con corte al 30 de abril, alerta sobre la persistencia de desplazamientos forzados masivos y confinamientos en varias regiones del país, afectando a miles de familias.
En el cuatrimestre se documentaron 30 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 2.492 familias (7.072 personas), y 28 eventos de confinamiento que impactaron a 5.079 familias. Esta información excluye la región del Catatumbo, que se analiza aparte.
Durante abril, se registraron nueve eventos de desplazamiento forzado masivo, con 782 familias desplazadas (2.205 personas) en departamentos como Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Bolívar. Los municipios afectados incluyen Guapi, Silvia, Tumaco, Ipiales, Buenaventura, Tadó y Quibdó, entre otros.
En el mismo mes, se presentaron nueve eventos de confinamiento, con 2.871 personas confinadas. Los departamentos más impactados fueron Chocó, Antioquia y Putumayo, especialmente en municipios como Lloró, Bojayá, Segovia, El Bagre y Puerto Leguízamo.
Entre el 16 de enero y el 30 de abril de 2025, la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, registró uno de los desplazamientos masivos más graves de los últimos años. En total, 66.141 personas fueron desplazadas y 11.490 confinadas. Durante este período se reportaron 127 homicidios, 5 firmantes de paz desaparecidos y 33 personas lesionadas. Cúcuta, Ocaña y Tibú son los municipios que más desplazados han recibido.
En el mismo cuatrimestre, se identificaron 60.469 personas migrantes irregulares en tránsito por Colombia, provenientes principalmente de Venezuela, Ecuador, Haití y China. Además, se observó un incremento de 21.726 personas entre marzo y abril.
En cuanto al flujo migratorio inverso, se registró el ingreso al país de 7.592 migrantes desde La Miel (Panamá) hacia Capurganá (Acandí-Chocó), con un promedio de 80 personas diarias. Estos tránsitos se desarrollan en condiciones de riesgo extremo, con presencia de redes criminales, extorsiones, explotación sexual y abandonos en zonas remotas.
La Defensoría del Pueblo continuará vigilante frente a esta crisis humanitaria y reitera su compromiso de seguir trabajando por la defensa y protección de las personas afectadas por la movilidad humana forzada en Colombia.