Los pequeños productores agrícolas continúan siendo el sector más vulnerable dentro del sistema agropecuario colombiano. A pesar de su papel fundamental en la producción de alimentos y en el sostenimiento de la economía rural, miles de campesinos enfrentan serias dificultades derivadas de la falta de apoyo institucional y de las limitaciones en los canales de comercialización. Esta situación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible del campo y para la permanencia de las familias rurales en sus territorios.
En muchas regiones del país, los pequeños agricultores dependen de economías de subsistencia y de cultivos a pequeña escala que requieren acompañamiento técnico, acceso a créditos y condiciones de mercado justas. Sin embargo, la ausencia de programas continuos de apoyo y la burocracia en el acceso a recursos financieros han reducido sus posibilidades de crecimiento. Para muchos productores, los costos de producción superan los ingresos obtenidos, lo que pone en riesgo la viabilidad de sus actividades agrícolas.
La comercialización de los productos es otro de los grandes retos. La falta de infraestructura adecuada, especialmente de vías terciarias en buen estado, dificulta el transporte de los alimentos hacia los centros urbanos. Como consecuencia, los productos llegan con retrasos, en menor calidad o a precios bajos impuestos por intermediarios, quienes concentran gran parte de las ganancias. Esta cadena desigual limita la capacidad de negociación de los campesinos y afecta directamente sus ingresos.
Además, la escasa articulación entre productores y mercados formales reduce las oportunidades de comercialización directa. Muchos pequeños agricultores no cuentan con la información ni con los recursos necesarios para acceder a mercados campesinos, compras públicas o esquemas de venta asociativa. Esta exclusión perpetúa un modelo en el que el productor asume la mayor carga de riesgo, mientras recibe la menor retribución económica.
Pese a este panorama, en distintas regiones han surgido iniciativas comunitarias que buscan fortalecer la organización campesina y mejorar los procesos de comercialización. Asociaciones y cooperativas han demostrado que el trabajo colectivo puede abrir nuevas oportunidades, reducir la dependencia de intermediarios y mejorar los precios de venta. No obstante, estas experiencias aún son limitadas y requieren mayor respaldo para consolidarse.
Organizaciones rurales y líderes del sector coinciden en que el fortalecimiento de los pequeños productores es clave para garantizar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza en el campo. Invertir en infraestructura, facilitar el acceso al crédito, promover la comercialización justa y garantizar precios estables son medidas urgentes para equilibrar la balanza en favor de quienes sostienen gran parte de la producción agrícola del país.
En este contexto, la situación de los pequeños productores refleja una deuda histórica con el campo colombiano. La falta de apoyo y de canales efectivos de comercialización no solo afecta a los agricultores, sino que también impacta al conjunto de la sociedad. Atender estas problemáticas de manera integral será determinante para construir un agro más equitativo, productivo y sostenible en Colombia.