- El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, ha denunciado públicamente a Alejandra Abásolo, quien es candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, por presuntas presiones políticas y condicionamientos de apoyo administrativo y presupuestal a cambio de respaldo electoral.
- Según el alcalde, la candidata —quien previamente fue asesora del gobernador de Nariño— habría condicionado recursos o apoyos para proyectos municipales a que ella recibiera apoyo político para su campaña, lo cual sería una práctica indebida y posiblemente ilegal en el marco de la ley electoral colombiana.
⚖️ Posibles implicaciones legales
- El alcalde ha anunciado que podría interponer una denuncia formal por delitos penales que incluyen:
- Constreñimiento al sufragante, es decir, presionar a los ciudadanos o autoridades para que actúen en favor de una candidatura.
- Tráfico de influencias, por supuestamente usar su posición o conexiones para obtener ventajas en la campaña política.
- Expertos en derecho electoral consultados han señalado que, si se demuestra coacción o presión indebida, esto podría llevar a penas, la pérdida de la candidatura de Abásolo y hasta sanciones penales de acuerdo con la normativa electoral colombiana.
📣 Reacción de la candidata
- La candidata implicada ha respondido públicamente a las acusaciones, aunque en comunicaciones oficiales ha defendido su conducta y rechazado las afirmaciones del alcalde como exageradas o politizadas.
📍 Contexto
Este tipo de controversias ocurren en medio de las elecciones legislativas y políticas de 2026 en Colombia, donde el uso de recursos públicos y la separación entre la gestión pública y la actividad electoral están siendo objeto de fuerte escrutinio y debate. Las autoridades electorales y la ciudadanía están muy atentos a denuncias por presunto uso indebido del poder político o de recursos para influir en los resultados electorales. (Normas colombianas sobre constreñimiento y tráfico de influencias se encuentran en el Código Penal y la Ley Electoral, y su aplicación suele ser motivo de investigación por parte de la Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral)
