Por: Carlos Santa María
Pegasus es una herramienta de espionaje de la empresa israelí NSO Group, vinculada a las agencias de inteligencia occidentales, que es infiltrada en celulares, computadores, dispositivos de comunicación, con el fin de localizar una persona y eliminarla, crear mensajes y grabaciones inexistentes para culpar individuos, interceptación de conversaciones y modificación de ellas, activar cámaras y micrófonos independiente del usuario, utilizarse como instrumento de propaganda para fomentar golpes de estado o desestabilización en naciones no aliadas, perseguir a periodistas, activistas, defensores humanitarios, de modo subrepticio, afectando la privacidad y libertades ciudadanas.
El presidente colombiano Gustavo Petro denunció la semana pasada que el gobierno del ex mandatario, Iván Duque, había comprado en pleno apogeo del estallido social este software, de modo oculto, sin registrarse en el presupuesto nacional, pagando en efectivo 13 millones de dólares ($54.000.000.000), enviados en avión desde Bogotá a Tel Aviv, basado en denuncia del respetado periódico judío Haaretz y su articulista investigador Gur Megino, refrendado por Le Monde en Francia y The Guardian en Gran Bretaña.
De inmediato la oposición tildó de “cortinas de humo” dicha información empleando una opositora con alta sintonía, Darcy Quinn, quien expuso que se habían realizado las investigaciones al respecto descartando dicha posibilidad. Además, refrendó su posición argumentando que la revista “Portafolio”, también lejana al gobierno, lo confirmaba con las declaraciones del ex presidente, el cual negaba esa situación. Es decir, sin prueba alguna realmente.
Lo extraño es que NSO Group ha manifestado que “no puede confirmar ni negarla” dicha venta por razones internas restrictivas, convirtiéndose en prueba reina que la presunción podría ser válida.
Pegasus ha sido aplicado en muchos países: en México, en Irán con el exterminio de líderes antisionistas como Ismail Haniya, jefe de Hamás, o científicos, entre muchos otros actos criminales, indicando su alta peligrosidad para gobiernos soberanos. No sin razón, el regulador de la Unión Europea pide prohibir esa herramienta de vigilancia.
La Fiscalía colombiana seguramente procederá, realizará las investigaciones pertinentes y comprobará o no su existencia. Esperemos.