El expresidente peruano Pedro Castillo ha vuelto a centrar la atención pública al intentar dar un giro mediático al caso del asilo de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la sede diplomática mexicana en Lima mientras enfrenta cargos por su vinculación con el intento de disolución del Congreso en diciembre de 2022.
La iniciativa de Castillo de convertir el episodio en una plataforma pública ha sido frenada por las autoridades judiciales peruanas, que señalaron que no permitirá que el caso derive en un “montaje político”. Por su parte, el Gobierno de Perú consideró que la actitud de México al otorgar el asilo “constituye una interferencia inaceptable” que ha llevado incluso a la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país.
El trasfondo es complejo: Betssy Chávez, ex ministra de Trabajo, Cultura y jefa del gabinete bajo Castillo, es investigada por los cargos de rebelión y conspiración en el contexto del fallido autogolpe. Su fuga del proceso y el posterior asilo desencadenaron una crisis bilateral que agrava el ya frágil escenario político interno.
Con este nuevo intento de poner el caso bajo los reflectores, Castillo busca mantener una presencia pública activa. Sin embargo, al judicializarse el asunto, existe el riesgo de que dicha estrategia sea interpretada como una maniobra para influir en la opinión pública o en el proceso mismo.
En definitiva, el episodio marca un nuevo capítulo en el entramado político peruano, donde poder, imagen pública y justicia están entrelazados de forma cada vez más visible.
