La investigación revelada por Noticias Uno desató una nueva controversia política en Colombia al establecer que el audio falso que intentó relacionar al senador y candidato presidencial Iván Cepeda con disidencias de las FARC habría salido desde el interior de las Fuerzas Militares. A raíz de esta revelación, el presidente Gustavo Petro pidió una investigación judicial profunda para determinar quiénes participaron en la elaboración y difusión del montaje y cuál era el objetivo político detrás de la operación.
El caso comenzó cuando varios medios y figuras políticas difundieron un audio en el que supuestamente se escuchaba a integrantes de las disidencias de alias Calarcá hablando de apoyo político a Cepeda. Sin embargo, el Ministerio de Defensa y la Policía confirmaron posteriormente que el material era falso. La voz no pertenecía a ningún jefe guerrillero, sino a alias Sergio, un delincuente recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué, dedicado a realizar extorsiones y a hacerse pasar por comandantes armados para intimidar empresarios y comerciantes del Huila.
Lo más grave de la investigación de Noticias Uno fue descubrir que tanto las grabaciones como la identificación errónea de la voz fueron entregadas a medios de comunicación por una fuente militar. Esto significa que la filtración no surgió de civiles ni de periodistas independientes, sino desde estructuras internas de las Fuerzas Militares. Por esa razón, dentro del propio comando militar comenzaron indagaciones para determinar si algunos uniformados actuaron con intereses electorales o políticos.
Petro reaccionó afirmando que este episodio constituye un “crimen contra las elecciones”, ya que se intentó manipular la opinión pública mediante una mentira masiva para hacer aparecer a un candidato presidencial vinculado con grupos ilegales. Según el mandatario, la situación no sería un hecho aislado sino parte de una estrategia más amplia de guerra política y desinformación dirigida contra sectores progresistas en Colombia y otros países de América Latina.
El presidente relacionó el caso con lo que llamó el “Hondurasgate”, una supuesta operación internacional que, según él, habría contado con financiación vinculada al narcotráfico y al gobierno de Benjamin Netanyahu para atacar movimientos progresistas en países como México y Colombia. Petro aseguró además que detrás de este montaje estarían los mismos grupos que anteriormente promovieron denuncias contra el general Juan Miguel Huertas y el entonces director de inteligencia Wilmar Mejía.
De acuerdo con el presidente, esos sectores habrían utilizado filtraciones y versiones falsas para atacar a funcionarios que adelantaban investigaciones preliminares sobre corrupción dentro de las Fuerzas Militares, especialmente casos relacionados con redes internas conocidas como “los zapateiros”. Petro sostuvo que existía una intención de sabotear investigaciones sensibles y afectar políticamente a quienes representaban posiciones cercanas al progresismo.
El artículo también recordó un antecedente ocurrido en noviembre de 2025, cuando la Fiscalía General detectó irregularidades en el manejo de información de inteligencia obtenida en operativos contra el Estado Mayor Central en Anorí. Según la Fiscalía, datos encontrados en dispositivos incautados —entre ellos referencias al brigadier general Huertas— permanecieron ocultos durante 16 meses sin ser enviados a los niveles centrales de la entidad. Además, esa información terminó filtrándose públicamente, violando la reserva judicial.
Para el entorno de Cepeda, todo esto confirma que durante meses se ha desarrollado una campaña sistemática de desinformación en su contra. El senador ya había denunciado la existencia de operaciones coordinadas para desprestigiarlo y afectar su aspiración presidencial mediante noticias falsas, audios manipulados y ataques en redes sociales.
Tras comprobarse la falsedad del audio, Cepeda exigió rectificaciones públicas a varias figuras políticas y mediáticas que difundieron o respaldaron las acusaciones. Entre los mencionados están Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, Abelardo De La Espriella, Claudia López, Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo. Según el artículo, ninguno de ellos había respondido públicamente a la petición de rectificación hasta el momento.
En conclusión, el escándalo dejó abiertas varias preguntas delicadas sobre el uso político de información de inteligencia, la posible participación de sectores militares en campañas de desinformación y el impacto que estas operaciones podrían tener sobre las elecciones presidenciales en Colombia. El caso también profundizó la confrontación política entre el gobierno de Petro y sectores de oposición, mientras crecen las exigencias para que la Fiscalía esclarezca quién creó el montaje, quién lo distribuyó y con qué propósito.
