De acuerdo con diversos analistas, la estrategia de la Paz Total, que fue una de las banderas de campaña del presidente de la República, Gustavo Petro se constituyó en un rotundo fracaso. En el campo regional, lo mismo se puede decir que la Paz Territorial, que el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ha tratado de implementar en el departamento con el grupo Comuneros del Sur, que es una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Eln.
En ese sentido se coincide en que la estrategia del Gobierno Petro, ha sido aprovechada por las estructuras armadas ilegales para que fortalezcan sus estructuras armadas y expandan su dominio territorial y financieras, mientras se mantienen mesas de dialogo, como la que hay en estos momentos en Nariño, las cuales no han dado ningún resultado.
Grave crisis en el departamento
Prueba de lo anterior son los hechos que se acaban de producir en el departamento de Nariño, donde estos grupos alzados en armas que precisamente se encuentran en la mesa de negociaciones, asesinaron mediante la utilización de drones a tres militares en Ipiales. Igualmente, fueron los responsables de la colocación de minas en el municipio de Olaya Herrera, lo que le causó graves heridas y mutilaciones a cuatro menores de edad, hechos que han causado un gran repudio a nivel nacional.
Disidencias gana terreno
Se trata de episodios que muestran como las disidencias siguen ganando terreno en el marco de la ‘Paz Total’. Se trata de la única conclusión a la que se puede llegar, ante los más recientes acontecimientos.
En efecto, con tres mesas activas de paz, una de ellas en el departamento de Nariño, el Gobierno Nacional enfrenta estructuras que se reorganizan, se expanden en los territorios y avanzan en inquietantes procesos de ‘gobernanza armada’. En ese sentido se recuerda que el actual proceso de la “paz total” tiene una gran similitud con las fallidas zonas de distención del Caguán bajo el gobierno de Andrés Pastrana, donde la guerrilla de las Farc, se fortaleció entre 1998 y 2020.
Al respecto, Human Rights Watch acaba de reportar que pese a la “paz total”, el Clan del Golfo ya está en más de 390 municipios, el ELN en 232 y las disidencias en 299.
El caso más notorio es el del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMDBF), liderado por alias Calarcá, que ha utilizado el marco de la negociación para expandir sus redes de extorsión, narcotráfico y control territorial.
El grupo disidente comandado por Alexander Díaz Mendoza, identidad de alias Calarcá, con delegados sentados en la mesa de paz, se fortaleció casi triplicando su pie de fuerza armado. Pasó de tener 1.400 personas en armas (en 2023) a 2.958 (hoy): un incremento del 111% en pleno proceso de diálogo con el Gobierno.
Se trata de una maquinaria compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes.
Su influencia, de acuerdo con datos recopilados por la Fundación Ideas para la Paz, FIP, ya se extiende a 10 departamentos y cerca de 100 municipios, imponiendo su control en territorios donde antes no tenía presencia.
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Las tres mesas fallidas
En estos momentos el Gobierno Nacional mantiene tres mesas de paz con disidencias: dos salieron de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Farc y la otra proviene de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln.
La primera es el diálogo territorial con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), surgida en 2024 tras su ruptura con la Segunda Marquetalia y cuyo diálogo de paz, por parte del Gobierno, lo lidera el abogado Armando Novoa, quien hizo parte del Consejo Nacional Electoral y fue presidente de la Comisión Especial Legislativa. También participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
La segunda es la mesa con el grupo de alias Calarcá, con Gloria Quiceno como designada oficial. Ella fue parlamentaria por la Alianza Democrática M-19, el movimiento político que nació de la desmovilización de esa guerrilla en 1990. Es profesional en estudios políticos y resolución de conflictos.
Y la tercera es con Comuneros del Sur, una facción disidente del ELN, cuyo proceso encabeza Carlos Erazo, otro exguerrillero del M-19 que compartió en ese grupo con el hoy presidente Gustavo Petro. “Él fue el jefe militar de Petro”, dijo Otty Patiño en una nota sobre Erazo que fue publicada por La Silla Vacía.
La CNEB agrupa dos grandes estructuras. Por un lado, los Comandos de la Frontera en Putumayo —bajo el mando de alias “Araña”, con orden de extradición a EE. UU. suspendida—. Por otro, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en Nariño y comandada por alias Allende, que reúne seis frentes.
En la mesa, el jefe de la delegación de Comandos es alias Walter Mendoza, firmante del acuerdo de paz quien volvió a las armas. Según datos militares, la CNEB cuenta con 2.089 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, con influencia en Nariño, Putumayo y Amazonas, y presencia en cerca de 30 municipios.
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Comuneros del Sur en la región
Comuneros del Sur, por su parte, fue una estructura del Eln creada en 1992 que se escindió en 2024. Hoy suma 249 integrantes entre componente armado y redes de apoyo.
Opera principalmente en la región de Abades, en Nariño, con incidencia en unos 15 municipios —especialmente Samaniego, Ricaurte y Mallama—.
Está organizado en tres compañías y es liderado por Gabriel Yépez Mejía, alias HH (también conocido como “Gustavo”, “Aldemar” o “Emanuel”), a quien la Corte Suprema le avaló la extradición a EE. UU. Mientras las mesas de paz avanzan, los grupos no se repliegan; se ordenan, se expanden y ganan espacio.
Frente a Comuneros del Sur, la Zona de Ubicación Territorial, ZUT creada por el actual Gobierno se ubicó en el municipio de Mallama (Nariño), dentro del resguardo indígena Gran Mallama de la comunidad Awá.
El proceso lleva meses de retraso debido a la necesidad de realizar consultas internas con los indígenas, quienes han expresado serias preocupaciones sobre los riesgos y el impacto que la instalación de una zona de este tipo tendría en sus vidas y territorio. Mallama es un punto clave para el tránsito de cocaína e insumos químicos hacia el triángulo de Tumaco y Ecuador.
Con la CNEB las áreas se denominaron Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZOCIUT) y se ubicaron en Roberto Payán (Nariño) y Valle del Guamuez (Putumayo).
Sin embargo, Roberto Payán es un eje fluvial por donde se mueve la cocaína procesada en el Cauca hacia Ecuador. Por su parte, el Guamuez es considerado un sitio “ideal” para los grupos criminales por el tráfico de explosivos en la frontera y
Armando Novoa García, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), manifestó que ese proceso se encuentra en una etapa crítica de “definiciones y decisiones”, donde su principal objetivo es sincerar las posiciones de una estructura que presenta fracturas internas.
Novoa identifica que el problema central en los territorios de Nariño, donde está presente ese grupo, es la existencia de gobernanzas híbridas o criminales, donde los grupos ilegales mantienen un control sobre las comunidades y el territorio debido a una prolongada ausencia histórica del Estado.
El negociador de paz identifica que en Nariño hay seis o siete estructuras, y algunas de ellas no colaboran ni tienen la misma voluntad que los frentes en Roberto Payán o los Comandos de la Frontera en Putumayo.
Para Novoa, hay sectores del grupo que dificultan la entrada de funcionarios para la sustitución de cultivos, a pesar de que existe un preacuerdo para intervenir 30.000 hectáreas.
El jefe de la delegación de paz del Gobierno con las disidencias de las Farc, Armando Noboa, dijo que no se puede seguir dialogando con un grupo que insiste en la violencia y en romper los acuerdos a los que se había llegado.
Luego de los hechos de violencia que en las últimas horas se han presentado en el departamento de Nariño, el jefe de la delegación de paz del Gobierno Nacional con la disidencia de las Farc, ‘Comandos de la Frontera’, , anunció que los sucesos que se vienen registrando en esta zona sur del paìs, protagonizados por la mencionada organización armada, rompen los acuerdos de la mesa de paz a los que se había llegado, por lo que dejan los diálogos quebrantados.
Novoa indicó que este tipo de hechos violentos, en medio de diálogos, no se había presentado anteriormente, lo que agrava la situación. “Nos afecta tanto porque no se había producido un hecho siquiera parecido o similar”, afirmó.
