Reacciones encontradas causa en estos momentos, el anuncio hecho el pasado fin de semana en la ciudad de Pasto por el presidente de la República, Gustavo Petro quien manifestó que los jóvenes que fueron detenidos por su participación en las protestas que generó el estallido social del año pasado, serán declarados como gestores de paz y liberados antes de la Nochebuena.
De acuerdo con las informaciones conocidas inicialmente, unos 250 jóvenes en diferentes partes del país, se encuentran privados de la libertad como responsables de actos vandálicos y de agresiones a la fuerza pública, además de otros delitos como tortura, lo que ha hecho que la propuesta de Petro esté levantando numerosas voces de protesta, al considerarse que no es potestad del presidente de la República, el tratar de interferir e influir en las acciones de la Justicia, lo que ha sido considerado por varios analistas como una manera de quitarle poder a las autoridades.
Principalmente, el anunció causa en estos instantes muchas voces de rechazo, al considerarse que el propio Gobierno Nacional está promoviendo la impunidad.
Sobre el particular, una de las críticas más fuertes provino del exalcalde de Medellín y excandidato a la Presidencia de la República, Federico Gutiérrez.
Al respecto “Fico” Gutiérrez, aseveró que “Queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. Presidente Petro nombrará como “gestores de paz” a miembros de Primera Línea que hoy están en la cárcel (no por protestar, sino por generar terror). Les dará libertad”.
“No pueden ser perdonados”
Incluso desde el partido Alianza Verde la representante, Katherine Miranda, aseguro que hay que evaluar quienes si cometieron actos delictivos y que no todos deben gozar de este beneficio “hubo de parte de algunos ciudadanos delitos absolutamente graves y vandalismo que no pueden ser perdonados aun en el marco de la protesta social”.
¿Presidente o dictador?
El senador Miguel Uribe por su parte aseguró: “integrantes de la “primera línea” están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura. No por protestar. Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador”.
Del lado del Gobierno
Sin embargo, el partido de gobierno vio con buenos ojos este anuncio pues consideran que respeta el derecho a la protesta y garantiza que no se hará persecución.
“El presidente Gustavo Petro lo ha dicho claramente. El derecho a la protesta social es un derecho democrático y en una sociedad democrático y en una sociedad democrática no puede ser ni perseguido”, añadió el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.
Lo cierto es que la conmoción y controversia que causa en estos momentos, la propuesta dada a conocer el pasado sábado por el presidente de la República, dio lugar a que representantes del Gobierno Nacional también expongan sus puntos de vista-
Es el caso del ministro del Interior, Alfonso Prada. quien salió a aclarar que “esto no es un proceso de amnistía, ni del indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos de quienes hayan sido judicializados en medio de la protesta continuarán en manos de los jueces hasta su terminación”.
Opiniones encontradas
A pesar de que todavía no se tiene mayor claridad en torno a la manera cómo funcionará la reglamentación de esta nueva decisión que ha dado a conocer el Gobierno Nacional, varios congresistas empezaron a emitir sus puntos de vista, en torno al polémico anuncio que hizo desde la capital de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro,
Al respecto, Alirio Uribe, integrante de la Comisión de Paz, dijo que, “si bien es cierto que el 90% van a ser absueltos porque no hay evidencia física o prueba contra ellos, lo concreto es que algunos sí pueden terminar siendo condenados. Por lo tanto, se da la opción de que puedan ser beneficiados de un indulto o una amnistía”.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez indicó que “nosotros siempre hemos creído que los procesos frente a graves delitos deben tener algún nivel de castigo. Lo que sí queremos es distinguir entre el joven que delinque y el joven inconforme”.
Presentará demanda
Mientras tanto, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, aseguró que estará “listo para presentar la demanda a la justicia porque Gustavo Petro no puede someter las leyes de la República para cumplirle caprichos personales, ni compromisos políticos, a los sectores que lo ayudaron en las calles”.
El director del Centro de Recursos para el análisis de conflictos, Cerac, Jorge Restrepo, se refirió de manera específica al caso de Andrés Pastor González, alias 19 líder de la primera línea y quien se encuentra condenado por delitos graves, como el de la tortura.
Sobre el particular, Restrepo enfatizó que alias 19 no podrá ser gestor de paz, puesto que ya ha sido condenado.
Posibles liberados
En las últimas horas se conoció la lista de los 13 integrantes de la primera línea que podrían ser liberados en los próximos días.
Ellos serían Alexander Talaga Biscue, Daniela Hidrobo, Dennis Daniel Pérez Grisales, Diego Alejandro, Obando López, Jhon Jairo Cambindo Moreno, Johny Alexander Herrera García, Jorge Luis Martínez Pérez, Juelinton Quiñonez Arboleda, Kevin Andrés Gaviria Mazo, Leonardo Echeverry González, Rodrigo Monsalve Castillo, Yulbreiner Rojas Moreno y Yeison José Alcázar Borja.
Cabe resaltar que, según un primer consolidado de las autoridades, al menos 282 personas fueron judicializadas durante las manifestaciones, de las cuales 78 se encuentran sindicadas, 13 condenadas, 111 en situación intramural y 31 bajo medida domiciliaria.
La mayoría de las judicializaciones correspondientes a actuaciones durante el paro nacional, se concentran en ciudades como Bogotá, Cali, Soacha, Pasto y Rionegro.
Entre los delitos que se les imputaron a estas personas se encuentran los de concierto para delinquir (113), terrorismo (64), secuestro (59), tortura, daño en bien ajeno (54), tráfico y porte de armas (51), hurto en diferentes modalidades (50), tentativa de homicidio (23), homicidio en diferentes grados (18), obstrucción de vías (18), instigación, y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (11).
En la mayoría de estos casos, los abogados han logrado demostrar que no hay pruebas suficientes para la tipificación, sobre todo en casos de presunto terrorismo, en los que los jóvenes fueron imputados por hacer transmisiones de las protestas y enfrentamientos con la Fuerza Pública a través de sus redes sociales.