Gustavo Vásquez denunció cobro de impuesto predial a templos católicos.
Una bomba tributaria explotó en Ibagué. William Rosas, concejal de la Alianza Verde, destapó un escándalo que tiene en vilo a la comunidad religiosa: el municipio está cobrando impuesto predial a templos católicos violando descaradamente una ley vigente desde 1974. ¿El resultado? Embargos, deudas millonarias y una Iglesia acorralada financieramente. El político no se guardó nada en sus redes sociales y lanzó dardos directos contra la administración municipal. Según Rosas, el problema no es nuevo, pero nadie había tenido las agallas de ponerlo sobre la mesa públicamente hasta ahora.
«El Estatuto Tributario local es un desastre jurídico que permite que cada alcalde decida si cobra o no a los templos, cuando la legislación nacional ya resolvió esto hace medio siglo», disparó el concejal sin pelos en la lengua. La situación es más grave de lo que parece. Monseñor Gustavo Vásquez, segunda autoridad de la Arquidiócesis de Ibagué, reveló detalles escalofriantes sobre las consecuencias del cobro ilegal. Varias parroquias han sufrido embargos bancarios que las dejaron sin capacidad de operar.
«Nos bloquearon las cuentas de Nuestra Señora de Lourdes, María Reina y el Perfecto Socorro. ¿Con qué pagamos servicios públicos, mantenimiento o ayudas sociales? El municipio nos está asfixiando económicamente», denunció el religioso.
Lo paradójico del asunto es que en otras ciudades colombianas esto no sucede. El concordato firmado entre Colombia y el Vaticano en 1974 es respetado sin chistar, pero en Ibagué parece un documento decorativo. El Acuerdo 015 de 2021, que rige los impuestos en Ibagué, mezcla ambos conceptos creando un limbo jurídico conveniente para la alcaldía. Monseñor Vásquez aclaró qué propiedades eclesiásticas deben estar protegidas: templos, casas curales, el seminario, la curia arquidiocesana y la residencia del arzobispo. Todo lo demás paga predial sin problema.
Las cifras son demoledoras. Solo la parroquia de Belén arrastra una deuda superior a 400 millones de pesos por un impuesto que legalmente no debería estar pagando. «Las limosnas que recibimos vienen de gente humilde que ya pagó sus impuestos. Ahora nos cobran doblemente por tener un lugar donde orar. Es un abuso», reclamó el vicario con vehemencia.
Rosas advirtió que si el municipio no corrige el rumbo rápidamente, vendrán demandas millonarias. El concejal fue claro: esto no es un ataque a ninguna religión, es simplemente cumplir la ley. Monseñor Vásquez extendió la mano al diálogo antes de que esto termine en los juzgados. «Preferimos la mesa de negociación que la sala del tribunal, pero no vamos a permitir que sigan vulnerando nuestros derechos indefinidamente», advirtió.