El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, tiene como bandera impulsar la transformación del país, entre otros, a través de cuatro proyectos de ley que se impulsan en el Congreso de la República. Uno de esos proyectos es el de la educación; con él se busca poner en práctica el derecho a la educación al servicio de los colombianos. Para ello tiene que existir una ley que la reglamente. Teniendo en cuenta que la educación está contemplada en la Constitución Política de Colombia como derecho fundamental, hace que la ley que se proyecta es una Ley Estatutaria de la Educación.
La Ley Estatutaria de la Educación busca regular y garantizar el derecho fundamental a la educación en Colombia, fomentando la inclusión, la interculturalidad y el antirracismo, y estableciendo un sistema educativo que garantice el acceso a la educación para todos, sin distinción de género, raza, religión, condición social o discapacidad.
Teniendo en cuenta estos preceptos, el Gobierno presentó su proyecto de ley con el más amplio concepto de inclusión que permitía darle oportunidad a la juventud de los sectores más apartados y sin oportunidades de una educación de calidad. Pero, lastimosamente el gobierno del presidente Gustavo Petro no cuenta con mayorías en el Congreso de la República, el proyecto fue manoseado de la peor manera, incluyendo una enmienda presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y David Luna, de Cambio Radical; quienes hicieron que el fondo de las cosas cambiara sustancialmente.
Por ejemplo, darle un enfoque mixto a la educación. Esto quiere decir que el gobierno entrega una porción de dinero a particulares para que se encarguen la educación de los jóvenes. Aquí estamos hablando de los famosos bonos escolares, como los de Juan Manuel Santos con su famoso proyecto de ‘Ser pilo paga’. Esos bonos no fueron más que un crédito condonable; pero muchos estudiantes desertaron porque el medio de una universidad como la del Rosario o Javeriana resulta muy costoso, quedando con una deuda muy elevada (y sin comer ni beber).
Así como está planteada esta ley, debilita el carácter y la función social que tiene la educación; teniendo en cuenta que la educación es un servicio que lo presta el Estado para garantizar una educación científica, técnica y tecnológica, que permita sacar de la pobreza a vastos sectores de la población.
Restringe el acceso a la educación superior, crea la meritocracia. Es mucho más complicado que un estudiante acceda a la educación privada por las limitantes que esta representa para un joven de extracción popular. Además, crea el nivel educativo terciario.
La evaluación que se hace a los docentes no depende de su práctica pedagógica sino de factores externos como las pruebas saber y las pruebas Pisa (de la Ocde); lo que en el decir de la gente se ha considerado como un verdadero despropósito. No se debe calificar al docente con el rendimiento de un estudiante. Además, se debe tener en cuenta que en muchos lugares no hay ayudas tecnológicas, en algunos poblados viven en pobreza, zonas de violencia, no hay presencia del Estado o, sencillamente, los estudiantes no tienen interés en continuar con la universidad. Es por ello que esta parte de la reforma se la considera descabellada.
También niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y prejardín. Es de suma importancia la asistencia de los niños a estos grados, puesto que científicamente se demuestra que en los cinco primeros años los niños y niñas definen su carácter y aprenden a reconocer su entorno. La pretensión es que el Estado se obligue a ofrecer los tres grados, pues en el momento se ofrece un solo grado.
Por último, se pretende transformar la educación de derecho fundamental a servicio esencial. Se debe tener en cuenta que, por ley, lo derechos esenciales no se pueden dejar de prestar por estar directamente relacionados con la vida como: la salud, el agua potable, el ambiente sano, el servicio de gas, entre otros. Por lo tanto, la educación no encuadra dentro de los servicios esenciales.
Les invitamos a hacer el análisis: 1. El paro no es en contra de presidente Petro. 2. El paro es contra un sector retardatario que busca quebrarle el espinazo a la Fecode. 3. El paro busca mejorar las condiciones de la educación. 4. No es exclusivamente por beneficiar a los profesores. 5. Si se aprueba la ley como está, el pueblo colombiano perdería; los presidentes que le antecedieron a Gustavo Petro bajaron el presupuesto a la educación.