Por: Víctor Rivas Martínez.
Cuando se presentan situaciones que perturben o amenacen en forma grave el orden económico y social o que constituyan una calamidad pública, el presidente puede declarar el estado de emergencia, que permite actuar de manera ágil y eficiente para recuperar la situación económica y social del territorio y evitar que la crisis se extienda sus efectos.
La declaratoria de emergencia económica, le da poderes especiales al presidente, para que, con la firma conjunta de sus ministros, pueda expedir decretos con fuerza de ley, sin que pasen por la aprobación del Congreso de la república.
La emergencia, facilita establecer nuevos tributos o cambiar los existentes de manera temporal, para atender hechos imprevistos de manera inmediata.
La duración de la declaratoria de emergencia no puede ir más allá de 30 días y solo puede declararse hasta tres veces al año.
La última vez que en Colombia se declaró la emergencia económica fue en el año 2020, con motivo de la pandemia del COVID.
La declaratoria de la emergencia permitirá, entre otras medidas:
Asignar recursos que permitan estimular la generación de empleo y la economía regional y nacional.
Disminuir o exonerar el pago de impuestos nacionales y regionales.
Crear mecanismos que permitan que las entidades financieras ofrezcan mayores plazos o alivios a sus acreedores, para el pago de sus obligaciones.
Facilitar créditos blandos con garantías del gobierno nacional, a la micro y pequeña empresa, y para que los hogares puedan cumplir sus obligaciones financieras.
Cubrir los mayores costos de transporte de insumos, medicamentos, alimentos, equipos y materiales.
Disminuir o exonerar el pago de las tarifas de servicios públicos.
Los Nariñenses, como los Caucanos y Putumayenses, estamos en el derecho de exigir la declaratoria de emergencia económica y social, por cuanto nosotros no comemos gasolina, ni diésel o gas. Hoy no tenemos con que comer, las ollas y neveras están vacías y entre pagar impuestos o comer, proferimos tener la barriga llena.